Cuatro preguntas y respuestas para entender el procesamiento de Griñán y Chaves

En el juicio oral, que no se celebrará antes de 2017, no sólo serán juzgados dos expresidentes de la Junta, sino todo un sistema de gobierno que ha propiciado la más larga hegemonía política que se conoce en España .

El juez Álvaro Martín asume el criterio fijado por el juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro. El magistrado que los investigó y tomó declaración cuando estaban aforados por el Congreso y el Senado dictó dos resoluciones en junio de 2015 en las que concluía que Manuel Chaves y su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se concedieran ayudas a empresas mediante un sistema «claramente ilegal». El juez atribuye además a José Antonio Griñán otro delito de malversación .

La prevaricación administrativa viene tipificada en el artículo 404 del Código Penal como la «resolución arbitraria en una resolución administrativa» dictada por una autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. No conlleva penas de cárcel. Este delito se castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de entre siete y diez años . Sus efectos serían nulos para Chaves y Griñán, puesto que ambos están jubilados.

Es el escrito que pone fin a una instrucción, en este caso a la pieza política de los ERE, la primera de las ramas en que fue dividida la macrocausa en ser juzgada. La juez titular del juzgado de los ERE, María Núñez, ya avanzó que las sentencias que dicte la Audiencia de Sevilla en relación con el denominado procedimiento específico creado por la Junta para pagar los ERE, marcarán el devenir del resto de las piezas separadas.

El juez Martín, que se hizo cargo de la rama que afecta a 51 ex altos cargos de la Junta, narra en el también denominado auto de transformación los supuestos hechos delictivos contra los investigados. Esta es la última resolución que puede ser recurrida por las partes personadas, ante el propio juez y, en apelación, ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Martín dará de diez a veinte días de plazo para formular sus escritos, tanto a las defensas como a las acusaciones, entre las que están la Fiscalía Anticorrupción, la Junta, el PP andaluz y Manos Limpias. Una vez que la Audiencia resuelva los recursos, resta dictar el auto que puede acabar sentando en el banquillo a dos expresidentes de la Junta.