Chaves y Griñán, procesados por el fraude de los ERE

Tras conocer la decisión del juez, ambos expresidentes andaluces han comunicado su baja voluntaria en el PSOE . Chaves y Griñán adoptan esta decisión en virtud de lo que establece el código ético del partido, en el que se afirma que los afiliados a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.

Además de los dos expresidentes, de las 48 personas investigadas en esta causa, el juez resuelve el sobreseimiento sobre 24 de ellas, mientras que en 17 de ellas estima que hay indicios para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, y en los 7 restantes considera que son autores de un presunto delito continuado de prevaricación.

[ Aquí puedes consultar el auto ]

El juez ha concluido la investigación de la pieza «política» de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para pagar ayudas a empresas. En el auto notificado hoy, el magistrado de refuerzo considera que ambos expresidentes socialistas habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión, aunque a Griñán también le imputa malversación.

Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio así como el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

También acuerda que en otras 17 personas hay indicios para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, y en los 7 restantes considera que son autores de un presunto delito continuado de prevaricación.

En concreto, el juez encausa por un delito continuado de prevaricación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez ; al viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez Martín; al viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro Carmona; al secretario general de Hacienda, Antonio Estepa Gimenez; al director general de Presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano Pena, y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucia, Francisco del Rio Muñoz.

El presunto delito de prevaricación está acreditado al disponer estas personas ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos y haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, asi como para dotar de fondos al mismo de manera irregular. El delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel en nuestro Código Penal, sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante, 7, 10 o más de 10 años.

Además, el juez encausa por los dos delitos de prevaricación y malversación a los exconsejeros, Jose Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo; además, son encausados por estos dos delitos los dos viceconsejeros de Empleo: Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón; un viceconsejero de Innovación: Jesús Mª. Rodríguez Román; tres directores generales de Trabajo: Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; un secretario general de Empleo, Juan Francisco Sánchez García; dos secretarios generales Técnicos de Empleo: Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo; un Interventor General de la Junta de Andalucia, Manuel Gómez Martínez; y tres directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Valverde Ramos.

Según explica el auto: «No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias , es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía».

El juez aprecia «una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello , como era el Director General de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros».