El Constitucional suspende la ley de transitoriedad jurídica del secesionismo

Los magistrados del tribunal garante han admitido a trámite el recurso del Gobierno contra dicha norma del Parlamento autonómico, una decisión que genera de forma automática la suspensión del objeto del recurso. El Ejecutivo de Mariano Rajoy calificó la ley de ruptura como «la mayor amenaza contra la convivencia de la sociedad española» en el recurso de inconstitucionalidad, en el que también solicitó la notificación personal de la decisión a Carles Puigdemont y Carme Forcadell , entre otros miembros del Govern y del Parlament.

El escrito del Gobierno alegaba que «una de las formas más graves de atentar contra una determinada sociedad política es a través de una secesión unilateral de una parte de esa sociedad, mediante la ruptura de la base del sistema que es el Poder Constituyente mismo, en este caso del Pueblo español como sujeto único e indivisible». El recurso añadía que los parlamentarios catalanes que sacaron adelante la ley, de los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP, «han abusado de forma descarada del Parlamento de Cataluña para fines espurios, violando su carácter de institución democrática estatutaria, con manifiesta desobediencia de las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha dictado».

En el mismo pleno, los magistrados del Constitucional también han suspendido el artículo 5 del código tributario catalán, con el que los independentistas pretendían conformar una Agencia Tributaria catalana, que funcionase como una Hacienda propia. El tribunal garante de la Constitución ha dejado así en papel mojado los pasos adelante de los secesionistas catalanes, desde que anuló la llamada declaración de desconexión, la resolución de ruptura que aprobó el Parlamento catalán el pasado 9 de noviembre de 2015, considerada el «acto fundacional» del proceso independentista. Una sentencia del TC la anuló el 5 de diciembre de 2015.

La decisión del Constitucional sobre la ley de transitoriedad jurídica ha llegado un día después de la Diada , la fiesta de Cataluña, en la que los independentistas ocuparon las calles para promover el referéndum independentista. El TC suspendió la ley del referéndum y su convocatoria, y apercibió a todos los gobernantes catalanes de que deben frenar su celebración y abstenerse de impulsarlo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a todos los miembros del Govern y a cinco miembros de la mesa del Parlament por ello, acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.