El Congreso dice «no» al referéndum unilateral de Cataluña

Lo hicieron entre duras críticas a esta formación a la que acusaron de ir contra la democracia y pretender saltarse la legalidad, dividir a los catalanes y no dar una oportunidad al entendimiento con el Estado. El secretario general del Grupo Popular José Antonio Bermudez De Castro defendió con gran vehemencia que el Gobierno «no puede acordar algo ilegal porque ese día acabaríamos con la democracia y el Estado de Derecho». Y advirtió que el desafío lanzado contra el Estado va también contra la convivencia. «Solo han conseguido dividir y enfrentar a la gente, han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a esa estrategia rupturista», criticó. «No confundan nunca sentimientos con legalidad», espetó.«Nadie puede estar por encima de la ley, por eso no puede haber negociación para un referéndum ilegal. España será en el futuro lo que quieran el conjunto de los españoles y no los que quieren ustedes», remachó.

Los diputados del grupo catalán escuchaban con seriedad y cara de circunstancias. «No va de diálogo, de negociación ni de democracia», consideró por su parte la diputada socialista Meritxell Batet . Ha recordado que el PDeCAT ha renunciado a llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas en Cataluña y el resto del Estado, no tiene competencias para convocar el referéndum y no respeta la ley. «¿Quienes son ustedes para separar a los catalanes en buenos y malos, para establecer esa fractura social y provocar esa división?», ha espetado visiblemente enojada desde la tribuna de oradores. «Su desesperación no puede condenarnos a toda la sociedad catalana a caer en un abismo», prosiguió, antes de instar al grupo catalán a tener valentía y responsabilidad para salir a la calle y confesar que «el Rey está desnudo», haciendo un paralelismo con el cuento «El nuevo traje del Emperador» de Hans Christian Andersen. Para el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas , el proceso catalán es un «viaje hacia ninguna parte, hacia una independencia imposible, arrastra a Cataluña a la fractura y divide a los catalanes». Previamente, el defensor de la moción, el diputado Jordi Xuclà había culpado de la crisis territorial exclusivamente al Gobierno. «Hemos llegado hasta aquí porque el PP ha convertido Cataluña en cuestión de rédito electoral», espetó. Y el portavoz de ERC, Joan Tardà , había vaticinado que «pronto volverá a haber presos políticos en España». El portavoz de Unidos Podemos, Xavier Domènech , se posicionó junto a ellos.

Pero todos los partidos constitucionalistas hablaron así con una sola voz y demostraron que en el Congreso existe una abrumadora mayoría absoluta defensora de que la soberanía nacional reside en el conjunto del Estado español. Los cambios de liderazgo en el PSOE no han afectado a esta posición y tampoco el PSC se ha desgajado esta vez.

La moción giraba originalmente en torno a la operación diálogo puesta en marcha por el Gobierno para intentar encauzar la crisis catalana en esta legislatura, y reclamaba que La Moncloa se aviniera a negociar la fecha y la pregunta de la consulta. Pero el anuncio unilateral de Puigdemont tanto de la fecha como de la pregunta obligó el lunes al PDeCAT a enmendarse a sí mismo y reformular el contenido de la moción para centrarlo en el respeto al referéndum.

El partido catalán argumentaba que ese acto permitirá a los catalanes decidir «sobre su futuro político en cumplimiento del mandato democrático surgido de las urnas, y después de reiteradas llamadas al acuerdo». La moción incluía una serie de puntos adicionales que también han sido rechazados. Entre ellos, «celebrar y dar la bienvenida a la disposición» de Puigdemont de acudir al Congreso para explicar el referéndum pero sin someter su propuesta a votación. Una postura que tiene un complicado encaje reglamentario ya que las iniciativas que puede elevar al Pleno el Parlamento catalán incluyen votación posterior. El PP ya ha ofrecido al PDeCAT la posibilidad de comparecer ante el Congreso pero ateniéndose a una de las fórmulas que contempla el Reglamento de la Cámara, esto es, con votación. Y esta posición ha quedado respaldada hoy por el resto de partidos constitucionalistas. El grupo catalán ha obviado esta falta de encaje reglamentario y se ha centrado en subrayar que la iniciativa permitirá «abordar desde el diálogo la posibilidad de articular respuestas compartidas, acordes con el momento social y político que vive Cataluña».

En todo caso, el presidente de la Generalitat tendrá pronto una respuesta oficial a su pretensión ya que ha enviado una misiva a la presidenta del Congreso , Ana Pastor , para pedirle realizar esa comparecencia sin preguntas en el Pleno. La carta aún no había llegado al Congreso pero una vez que llegue y en función de si va dirigida a Pastor de manera personal o no, la presidenta del Congreso procederá a la contestación de manera individual o previa consulta con la Junta de Portavoces.

El PDeCAT pretendía también realizar un «by-pass» sin precedentes al Ejecutivo de Mariano Rajoy y apartarle de la negociación. Propuso así al Pleno del Congreso que se comprometiera a «encontrar el espacio institucional parlamentario para dialogar con las autoridades catalanas ante la pérdida de voluntad de diálogo del Gobierno del Estado». Hubiera sido un duro golpe para el Gobierno de haber salido adelante ya que, para más inri, venía seguida de una propuesta de «deploración de los intentos de suspensión de las relaciones institucionales del Ejecutivo con la Generalitat». El grupo catalán ponía como ejemplo de esto último «la grave falta de voluntad política del Estado» al convocar la Junta de Seguridad de Cataluña y obstaculizar una nueva promoción de los Mossos d'Esquadra «en un momento de grandes retos para proteger la seguridad de los ciudadanos».

El grupo catalán justifica esta moción lamentando el tiempo transcurrido desde los primeros intentos desde la Generalitat de acordar con el Estado la celebación de un referéndum de autodeterminación con el fin de dar respuesta a una demanda que considera «ampliamente mayoritaria» entre la sociedad catalana.