La Audiencia Nacional no ve terrorismo y condena a los agresores de Alsasua a penas de hasta 13 años de cárcel

El tribunal ha descartado la tesis de la Fiscalía , que calificó la agresión de «terrorismo y fascismo en estado puro» y la ubicó en la estrategia heredada de ETA de coaccionar y expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. El Ministerio Público pedía condenas de hasta 62 años de prisión.

Los jueces condenan a los ocho agresores por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, y aplica las agravantes de abuso de superioridad y de odio , al apreciar que la agresión se produjo por motivos ideológicos y por la animadversión de los agresores a la Guardia Civil. La sentencia considera probado que los jóvenes radicales actuaron guiados «por su clara animadversión y desprecio hacia la Guarida Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a dicho estamento de la localidad de Alsasua».

La agresión no fue una mera pelea de bar, según la Audiencia Nacional, que destaca «la brutalidad y el clima de violencia verbal» que se desató en el bar Koxka, en el que los dos agentes y sus parejas tomaban una copa tranquilos, hasta que se desatacó el ataque, precipitado por uno de los condenados, Jokin Unamuno . Él es uno de los tres condenados que está en prisión preventiva. En el juicio, ningún acusado reconoció haber dado un solo golpe.

«No puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de Guardias Civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión», explica la sentencia, que relata cómo un grupo de unas 25 personas rodeó a los agentes en el local, en un ataque que continuó fuera, en la calle.

El ataque tuvo lugar en la víspera de la feria del ganado, en una jornada de fiestas en Alsasua. El Ministerio Público encuadró el ataque en una campaña de acoso para atemorizar a la Guardia Civil y expulsarla del País Vasco y Navarra, una tesis respaldada por un informe de los servicios de información de la Guardia Civil.

El testimonio de una de las víctimas, l a novia del teniente agredido, María José , ha sido decisivo para que el tribunal condene a los ocho acusados. Los jueces han dado especial valor a su identificación de los agresores, pues ella vivió en Alsasua desde los tres años y fue compañera de instituto de varios de ellos. La sentencia destaca la valentía «y el aplomo» de las víctimas, que no entraron en las provocaciones y no fueron auxiliadas por nadie. María José, en una declaración que heló la sangre , describió el terror sufrido en el ataque y las coacciones que ha sufrido en el que siempre fue su pueblo por comenzar a salir con un guardia civil. Desde la agresión, ella y su pareja viven y trabajan en otro lugar.

Aun así, y a pesar de la «notabílsima gravedad de los hechos», los jueces descartan que los atacantes buscasen alguna de las finalidades que el Código Penal considera terroristas: subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o atemorizar a una parte de la población. La Audiencia Nacional ha tenido en cuenta la edad de los condenados, que eran menores cuando ETA anunció el cese de sus armas, y desliga de la banda terrorista el movimiento Ospa, el colectivo encargado de dinamizar las coacciones a la Guardia Civil en Alsasua. Los jueces ubican en él a algunos de los condenados.

La Audiencia Nacional también ha notificado este viernes la sentencia de otro juicio en el que la acusación de terrorismo estaba sobre la mesa, la kale borroka que envolvió el casco viejo de Pamplona el 11 de marzo de 2017, tras una manifestación no autorizada del colectivo Errepresioari Stop, una plataforma que aglutina movimientos radicales descontentos con Bildu.

Según ha podido saber ABC, el tribunal ha condenado a los cuatro acusados (Asier Petrirena, Rubén Iglesias, Endika Etura y Julen Prado) a dos años de cárcel por delitos de desórdenes públicos. Los manifestantes, entre ellos Petrirena, Iglesias y Etura -que se desplazaron desde el municipio de Rentería y fueron arrestados ese mismo día-, lanzaron múltiples piedras y botellas contra los policías y montaron barricadas con contenedores, lo que provocó lesiones en los agentes y daños, una escena que recordó a la «kale borroka».