Juicio por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en 2016
Juicio por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en 2016 - EFE

La Fiscalía califica de terrorismo y fascismo «en estado puro» el ataque de Alsasua

El Ministerio Público pide penas de hasta 62 años de cárcel para los «herederos» de ETA

MadridActualizado:

Aludió a «lo peor de la naturaleza humana», revivió el «miedo» que corta la vida cotidiana, y denunció que la herencia de ETA sigue viva en algunos «barrios, pueblos y ciudades» de Navarra y el País Vasco. El fiscal José Perals representó ayer con palabras el «clima de terror» creado en Alsasua (Navarra), donde dos guardias civiles y sus parejas recibieron una paliza en la madrugada del 15 de octubre de 2016, la noche previa a la feria del ganado.

El objetivo de su relato era alcanzar la mente de los tres jueces de la Audiencia Nacional que resolverán si el ataque fue o no un acto terrorista. Los tres magistrados escucharon atentos al fiscal. Era la novena sesión de la vista oral, en la que las acusaciones expusieron sus conclusiones definitivas.

«Supremacistas abertzales»

«Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. Deciden ellos quiénes pueden estar o no en su pueblo. Es lo peor de la naturaleza humana. Es la xenofobia, el fascismo en estado puro. Es lo que defienden los supremacistas abertzales», proclamó el fiscal, que ayer ratificó las penas solicitadas para los ocho supuestos agresores: condenas de entre 12 y 62 años y medio de prisión. Ellos niegan la animadversión contra la Guardia Civil, y no admiten haber dado un solo golpe: sus abogados han buscado difuminar su presencia en la agresión.

Tras practicarse las pruebas en el juicio, el momento de la verdad para el contraste de las versiones enfrentadas, la Fiscalía confirmó su acusación por terrorismo contra los supuestos agresores: Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urquijo. El Ministerio Público encuadra el ataque en una campaña de acoso para atemorizar a la Guardia Civil y expulsarla del País Vasco y Navarra, una estrategia heredada de ETA y sus satélites, liderada ahora por las plataformas de la izquierda abertzale. Según las acusaciones, esta táctica la canaliza en Alsasua el movimiento Ospa, en el que ubican de forma clara a Unamuno y Ramírez de Alda, dos de los tres acusados que permanecen en prisión preventiva. Ospa desplegó su actividad de lleno en 2011, tras el cese de las armas de ETA.

«No fue una pelea de bar, fue una acción organizada para agredir exclusivamente a los guardias civiles y sus parejas con una finalidad terrorista», concluyó el fiscal, que alegó que el fin era expulsar a los agentes y «atemorizar a una parte de la población que no piensa como ellos». El representante del Ministerio Público calificó la agresión -que provocó una fractura de tobillo al teniente agredido, entre otras lesiones- de «terrorismo de baja intensidad». «Terrorismo al fin y al cabo», matizó el letrado de las dos parejas de los agentes, Jaime Zuza, que destacó el testimonio de Paulette, el amigo de los acusados que admitió la agresión.

En su alegato, el fiscal vinculó el acoso a la Guardia Civil en la estrategia que marcó ETA para hostigar a los colectivos policiales. «Aunque el frente armado haya dejado de matar, el resto de dinámicas del conglomerado terrorista ha permanecido», señaló. Acudió a antiguas sentencias para detallar que ETA estaba formada por un frente armado, un frente institucional y un frente de masas, un colectivo que extendió el ideario terrorista «en los barrios, los pueblos, y las ciudades». Se refirió a la llamada Alternativa KAS, el programa de exigencias que ETA buscó imponer y que incluía la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los acusados «son herederos» de ese ideario y de la convicción de que se puede defender a través de la violencia, manifestó el fiscal. Perals acusó al alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de desatender a las víctimas, apoyar a los agresores y utilizar un lenguaje que habla de «conflicto», sin llamar a las cosas por su nombre. Ollo -del partido nacionalista Geroa Bai- testificó y reconoció haberse reunido solo con las familias de los acusados. El fiscal cargó contra los «políticos melifluos» y aseguró que «venir dentro de 20 años a pedir perdón no valdrá».

«Afortunadamente no hay muertos, pero hay lesiones, y esas lesiones generan un terror que se traspasa al resto de habitantes de Alsasua y de Navarra. Y ese es el terror que perseguía el entramado terrorista», continuó el fiscal, cuyas palabras caían como losas en la espalda de los acusados. Ensalzó la valentía de las parejas de los agentes, y lamentó el «miedo» a pasear con sus novios.

Aseguró que los presuntos agresores fueron a por los agentes «única y exclusivamente por ser guardias civiles, y a por ellas por ser las parejas de los guardias civiles». «No fue fortuito, se avisaron a través de los teléfonos móviles», añadió Perals, que expuso que hay pruebas suficientes para condenarles por terrorismo. Las defensas rebatirán estas tesis el próximo jueves, 3 de mayo, en su turno de conclusiones definitivas.

El fiscal señaló que Unamuno y Ramírez de Alda impulsaron el ataque, que comenzó en el interior del bar Koxka y culminó en su salida, en la calle García Ximénez del municipio navarro, de unos 7.500 habitantes. También aprovechó el alegato, de unas dos horas, para concretar la participación en al ataque de los ocho acusados, siete de los cuales fueron identificados por al menos tres víctimas. En los actos de Ospa situó a Unamuno y Ramírez, los «impulsores», y a Goicoechea y Urrizola.

«Violencia política»

«Como consecuencia de esta dinámica» ocurrió la agresión, zanjó Perals, que habló de «violencia política». Según el fiscal, el teniente «intentó que todo fuera normal», en alusión a las iniciativas que impulsó para acercar a la Guardia Civil a los ciudadanos de Alsasua, con jornadas de puertas abiertas y actividades divulgativas. «Eso es lo que no quieren, por eso se ensañaron con él», manifestó. Cuando llega la convivencia pacífica, «te muelen a palos».

El letrado de Covite, Rubén Múgica, alegó que, si los jueces no ven terrorismo, una cuestión que ha suscitado la crítica de ciertos sectores sociales, equivaldría a considerar la agresión como «un ataque personal». Corremos el riesgo de retroceder a los tiempos en los que los cachorros de ETA «campaban a sus anchas», reflexionó Perals.

«Lo que se juzga no es romperle el tobillo a una persona, sino determinar si esas personas siguen una estrategia que la propia ETA ha declarado equivocada con todo el cinismo que se puede esperar de una banda terrorista».