'Los 8.500 de ERC' deciden hoy sobre la financiación de los servicios públicos de los 49 millones de españoles

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Entre las 10.00 y las 19.00 horas de hoy unos 8.500 militantes de ERC tienen derecho a votar en la consulta interna. Podrán responder a esta pregunta: «¿Estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?». De su respuesta depende la financiación de los servicios públicos de los casi 49 millones de ciudadanos que viven en España.

Está previsto que a las 19.30 horas se conozcan los resultados de la votación, que será únicamente telemática y solo se habilitarán algunas sedes para que quien quiera pueda ejercer su derecho desde los ordenadores del partido. Un 2 de agosto, viernes. Inicio de las vacaciones estivales. Además, el partido no facilita el número exacto de militantes. Hasta hace unos días eran «unos 8.700», ayer la cifra se quedó en «más de 8.500». Y cuando se pregunta en Calabria (sede de ERC) si tienen más o menos militantes ahora que en 2017, la respuesta es el silencio.

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La dirección que controla Marta Rovira no tiene previsto perder –la oposición es ruidosa pero minoritaria– y ayer descartó la posibilidad de que alguno de los 20 diputados de ERC en el Parlament o de los 7 del Congreso rompan la disciplina de voto, ya sea en la investidura de Illa o en la tramitación de algún cambio legislativo. La participación de la consulta será uno de los aspectos a tener en cuenta y la diferencia entre las dos opciones (sea ratificado o no el preacuerdo) dará para las especulaciones.

En noviembre de 2023, las bases de ERC ratificaron el pacto firmado por Félix Bolaños y Oriol Junqueras para hacer presidente del Gobierno a Sánchez. La participación fue del 43,61% y el 89% de los militantes que votaron lo hicieron por el «sí». Cuatro años antes, el secretario general del PSOE obtuvo el respaldo de las bases de ERC para ser presidente del Gobierno. La participación fue del 70% y los que optaron por el «sí», el 95% del voto.

La sustancia del preacuerdo PSC-ERC es el concierto económico para la Generalitat, administración que a partir de 2026 irá asumiendo la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los impuestos, con una parte también normativa en coordinación «con el Estado y la Unión Europea», que «soporta» Cataluña. El primero será el del IRPF. La joya de la corona. Actualmente, según los datos de la Generalitat, esta administración recauda el 9% de todos los impuestos. Los independentistas y los socialistas quieren que la Generalitat se encargue plenamente del 100% de los impuestos.

Hasta ahora, País Vasco y Navarra al margen por su especificidad constitucional –criticada en muchos ámbitos políticos y económicos por ser insolidaria–, es el Ejecutivo, después de consultar con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de coordinación en el que están representadas las 15 comunidades de régimen común y las dos ciudades autónomas, el que reparte los recursos recaudados y los redistribuye. Existen diversos fondos para ello. El que fuera ministro de Economía y Hacienda con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, definió nuestro modelo de financiación autonómico como «un sudoku imposible».

Si los militantes de ERC votan «sí» al preacuerdo con el PSC, los cálculos de la Generalitat son que el Gobierno tendrá unos 30.000 millones de euros menos al año para repartir. Y Cataluña, 30.000 millones más. El sudoku se convertirá en una realidad. La cifra es aproximada, pues el pacto entre Rovira y Pedro Sánchez, con Illa de espectador, no concreta cómo se establecerá el cálculo del precio de los servicios prestados por la Administración General del Estado en Cataluña o a los catalanes, matiz que tampoco está establecido. Y habría que restar una cuota de solidaridad, a voluntad del recaudador, con condicionantes, con fecha de caducidad –aunque tampoco se cita en el texto– y que tenga como contraprestación el aplauso público del resto de las comunidades.

Es decir, la financiación autonómica de España está en manos de los 8.500 militantes de ERC. No hay precedentes. Ni los militantes del PSC, ni los del PSOE, tendrán la oportunidad de opinar al respecto. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que la extensión del concierto económico a Cataluña era línea roja en el PSOE. El motivo es sencillo: es contrario a la redistribución de la riqueza, la justicia social y la igualdad dentro de la comunidad política.

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Así lo entendieron los dirigentes del PSOE antes de la llegada de Sánchez a Ferraz. Dos ejemplos bastarán. Alfredo Pérez Rubalcaba, 2012: «Todo no es discutible. El concierto para Cataluña no lo es». Carme Chacón, militante del PSC, aquel mismo año: «Todo el PSC y Carme Chacón al frente está en contra del concierto económico para Cataluña por considerarlo profundamente insolidario».

Eran los tiempos en los que Artur Mas (CiU) exigía a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, el concierto económico para Cataluña. Eso o la independencia, llegó a advertirle el líder de CiU en La Moncloa al máximo responsable del PP. «Ni quiero, ni puedo», vino a decirle Rajoy.

Poco después, Antonio Hernando, ahora director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, también lo tenía claro: «Los (límites) nuestros (del PSOE) son: la independencia y el concierto económico, porque eso no es posible (para Cataluña)». Hernando acompañó a Sánchez, el miércoles, en la rueda de prensa en la que el presidente del Ejecutivo señaló que el concierto para Cataluña era «bueno para España».