Asturias se suma al rechazo del concierto catalán y Extremadura pide a Sánchez que convoque a los barones del PSOE

A juicio de Peláez, el cupo catalán significaría «caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios», lo cual quebrantaría la solidaridad interterritorial. Si bien el preacuerdo incluye una cláusula de solidaridad, éste mismo la limita por el principio de ordinalidad y «el principio de ordinalidad no debe primar a la hora de asignar los recursos entre comunidades autónomas«, ha aseverado.

Barbón, que según informa el dario asturiano 'El Comerio' está de vacaciones y no se reincorpora a sus labores presidenciales hasta este viernes cuando está previsto ofrezca una rueda de prensa, es el único presidente autonómico que aún no se han pronunciado públicamente respecto al preacuerdo entre socialistas y republicanos, junto al todavía presidente en funciones de la Generalitat catalana Pere Aragonès. Mientras tanto, su Ejecutivo había adoptado hasta ahora la estrategia de no entrar a valorar el pacto para propiciar la investidura de Salvador Illa «hasta conocer los términos exactos», dijo su vicepresidenta Gimena Llamedo.

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El PSOE gobierna el Principado en coalición con Izquierda Unida (que adopta el nombre de Convocatoria por Asturias-IU), que también ha expresado su preocupación por este principio de acuerdo: «No es una buena noticia», pero todavía «hay margen» para «pulir» el acuerdo, ha dicho su portavoz Xabel Vegas. Cabe recordar, a su vez, que IU forma parte del grupo parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, socio minoritario de Sánchez, y sus votos serían necesarios para sacar adelante una hipotética reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

También los de los diputados socialistas asturianos. Preguntado por la posibilidad de que estosvoten en contra de la reformade la norma en caso de llegar al Parlamento, Peláez afirma que su partido representa al Gobierno de Asturias y como tal, llevarán a cabo «las acciones necesarias» para que el modelo «multilateral y de régimen común» entre todos los territorios. Un modelo, defiende, que sea el que «definitivamente sirva para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas» que están «infrafinanciadas».

En Extremadura, el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, que ya desde un principio dijo posicionarse «radicalmente» en contra de esta nueva cesión del PSOE al independentismo, eleva el tono de su denuncia. El sucesor de Guillermo Fernández Vara, elegido en las primarias de marzo de este año, exige al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que convoque al Consejo de Política Federal, en el que están representados todos los secretarios generales del partido de los diferentes territorios de España, para tener la oportunidad de dialogar y definir entre todos la postura en cuanto a un asunto «tan trascendente» como es el de la financiación autonómica.

«Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido y también para España. Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y lealtad, y pronunciarnose cada uno«, ha dicho el líder del PSOE extremeño a la vez que ha asegurado que »siempre« defenderá los principios del partido, entre ellos, la solidaridad entre españoles.

Los socialistas extremeños, ha proseguido Gallardo en una rueda de prensa convocada para este jueves por la mañana, «siempre» han considerado que «la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado» porque si cada región dispone de «una copia de la llave, al final, cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades».

Y por tanto, insiste, «nosotros estaremos radicalmente en contra, y no es novedad, lo he dicho, de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre españoles«, si bien no puede basar su opinión en la »oficialidad de un documento que no es oficial« como es el caso del texto del preacuerdo difundido por Esquerra. Aun con todo, Gallardo se muestra partidario de la investidura de Illa, para »dejar atrás un 'procès' que no solamente ha debilitado a Cataluña, sino que ha hecho daño al conjunto del país«.