Un cupo generalizado triplicaría la desigualdad entre comunidades

La solidaridad regional desaparecería , las distancias entre las regiones ricas y pobres se exacerbarían para perjuicio de sus ciudadanos y el Estado tendría «serias dificultades» para «ejercer con efectividad» funciones como la defensa y las relaciones exteriores , la coordinación de las políticas educativas y sanitarias y la promoción de la cohesión social y territorial. Todo ello empeoraría la imagen de España ante los inversores internacionales, que pedirían más por financiar la deuda pública. «Esta situación aumentaría significativamente la percepción de riesgo del Tesoro Público por parte de los mercados financieros, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo de España », desgrana el documento.

Solo cuatro comunidades de régimen común recibirían más recursos públicos que en la actualidad: Madrid , que aumentaría su financiación un 54,8%, 8.038 millones más hasta los 22.408 siendo la que más recibiría en términos absolutos; Baleares, con un 31,4% más de financiación y 808 millones al año más hasta los 3.601 millones; después Cataluña , con un 21,4% de incremento, 3.735 millones hasta los 20.985 millones; y Valencia , con 455 millones más, un repunte del 4% de sus recursos, hasta los 10.965 millones. País Vasco y Navarra quedarían como ahora, según el modelo.

Estas cuatro comunidades son las únicas que aportan más de lo que reciben al sistema de financiación, es decir, son contribuyentes netas a la solidaridad regional. En las últimas balanzas fiscales publicadas con datos de 2014, la que más aportaba era Madrid (con 19.205 millones, un 9,82% del PIB), seguida de Cataluña (9.892 millones, un 5,02%), Comunidad Valenciana (con 1.735 millones, un 1,78% del PIB) y Baleares (1.516 millones, un 5,77% del PIB). El resto de autonomías (incluyendo a País Vasco y Navarra) reciben más de lo que aportan.

El resto de comunidades perderían financiación, agrandando la brecha regional. Canarias , con un régimen actual especialmente beneficioso por su insularidad y menor renta per cápita, sería la que más perdería: recibiría un 83,7% menos de financiación , 4.200 millones de recorte, al pasar de 5.161 millones a 961. Como indicador: cada canario pasaría de tener una financiación de 2.422 euros por habitante a 451. Es decir, casi ocho veces menos de los 3.599 millones que dispondría un madrileño en caso de cupo general.

Si dejamos al margen el caso canario por su peculiar sistema, Extremadura sería la siguiente comunidad en reducir con mayor fuerza sus recursos: un 42,7% menos, 1.153 millones de recorte hasta los 1.937. Le siguen La Rioja (una caída del 22,5%), Castilla-La Mancha (-21,8%), Galicia (-20,1%) y Andalucía (-17%, 3,268 millones menos hasta los 15.310). Castilla y León (-15,2%), Murcia (-14,3%), Cantabria (-12,5%), Aragón (-4%) y Asturias (-0,3%) también verían menguados sus recursos públicos, que se materializaría en un empeoramiento de la Sanidad, Educación y servicios sociales que prestan estas comunidades.

De la Fuente tilda de «poco convincentes» los argumentos de los partidarios de generalizar el concierto, como Urkullu, y ofrece datos para refutarlo. «El sistema de concierto genera una distribución mucho más desigual de recursos entre comunidades que el actual sistema de financiación. El indicador de dispersión más que se triplicaría, pasando de 8,7 a 30 », sentencia De la Fuente, lo que equivale a un incremento de las distancias entre los valores de las autonomías, es decir, un incremento de la desigualdad.

Si en la actualidad todas las comunidades reciben más de 2.178 euros de financiación por habitante (la que menos es Comunidad Valenciana), con un concierto general, siete comunidades se quedarían por debajo de este nivel (Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia ni siquiera llegarían a los 2.000 euros por habitante). Madrid y Baleares tendrían una financiación por encima de los 3.000 euros por habitante, casi el doble que Extremadura.

Al trazar el escenario de qué ocurriría si todas las comunidades tuvieran un concierto fiscal, De la Fuente, una referencia en la materia de la financiación autonómica de la que ha sido experto en el grupo de «sabios» que elaboró el informe para su reforma el pasado verano, parte de la hipótesis de que los ingresos totales son los mismos y simplemente cambia el reparto: en lugar de ser el Estado el que distribuye el groso de los recursos son las propias comunidades las que recaudarían 96.112 millones que ahora ingresa el Estado y le transferirían 87.249 millones de «cupo».

Al igual que ocurre en el concierto vasco y navarro, los cálculos parten de la base de que las comunidades aportan según su PIB al Estado. Como en el régimen foral, recogido en la Constitución atendiendo a los «derechos históricos» de País Vasco y Navarra, ambas se quedan con la mayor parte de ingresos que generan y dotan al Estado de una contribución –el llamado « cupo », en función de su PIB– para los servicios comunes como la defensa, la representación exterior o las infraestructuras.

Sin embargo, los críticos del cupo lamentan que la forma de calcular el «cupo» de País Vasco y Navarra , atendiendo a razones políticas, lleva a que ambas comunidades paguen mucho menos de lo que les correspondería al Estado, ya que no se han actualizado los coeficientes en los últimos 36 años. Ello provoca que, además de casi no aportar a la solidaridad regional, Navarra y País Vasco tengan una financiación más ventajosa que el resto, pese a ser las dos comunidades con mayor renta per cápita. Ambas reciben una financiación por habitante de unos 4.000 euros cuando la media del resto de regiones es de 2.354 euros .

Si el «cupo» se calculara correctamente sin suprimir el concierto, De la Fuente estimó en otro informe con datos de 2007 que País Vasco debería pagar al Estado 4.500 millones más de los que abona actualmente. Ante el apoyo del PNV al PP por los Presupuestos a cambio de mayores inversiones y la aprobación del Cupo mientras la reforma de la financiación autonómica seguía parada, todas las comunidades de régimen común criticaron en cartas a Hacienda el status del régimen foral a finales del pasado noviembre. Una petición que el Gobierno ignoró, al aprobar la Ley del Cupo con los votos de PP , PNV , PSOE , Unidos Podemos , PDeCAT y el rechazo de Ciudadanos .

En su defensa del concierto vasco, Urkullu aplaudía la responsabilidad fiscal que este generaría entre las regiones. Al depender cada comunidad de sus propios ingresos, se haría responsable de los aumentos de impuestos o recortes de gasto, ya que no dependería del Estado al recibir recursos. Sin embargo, De la Fuente advierte que esto podría no ser así, ya que las comunidades tendrían «la atractiva posibilidad de gastar más sin subir impuestos a base de reducir» sus aportaciones al Estado. Un concierto generalizado «alteraría dramáticamente el equilibrio de poder administraciones en detrimento del Estado».

«La Administración Central dejaría de disponer de recursos tributarios propios y perdería cualquier control sobre la recaudación del grueso de los impuestos, quedando por tanto a expensas de la “generosidad” de unas comunidades autónomas que tendrían la llave de la caja y operarían con la tentación permanente de reducir sus aportaciones al Estado», advierte el informe.

Con este modelo confederal «las ganancias resultantes de bienestar serían seguramente mucho menores que las pérdidas derivadas de la reducida operatividad de la Administración Central», además de que plantearía « serios problemas de equidad ». La solidaridad fiscal, que trata de repartir la riqueza a los ciudadanos con menores rentas , saltaría por los aires con este sistema.

«Las cosas serían aún peores si los cupos reflejasen en parte la población además del PIB», anuncia el documento. Al aplicar la variable de población junto al PIB de cada comunidad para calcular la aportación de las regiones al Estado, Madrid aumentaría su financiación un 72,1%, Baleares un 35,2%, Cataluña un 30,2% y Aragón, un 0,7%. El resto, perderían más aún que con el concierto que solo atiende al PIB, con Canarias recibiendo un 89,9% menos recursos, Extremadura , un 54,7% y Andalucía, un 27,4%.

Los ciudadanos de las regiones pobres tendrían peores servicios públicos y menores oportunidades derivado de ello que las de las comunidades ricas. En definitiva, el proyecto de país desde un punto de vista económico y de convergencia social, quedaría desmantelado.