Del fraude de ley al fraude electoral: la hoja de ruta de Mas

Puede que haya avance electoral, sí, pero no como triunfo de los planes de Mas, sino por su derrota. El proyecto, que más allá de la cortesía parlamentaria y del aval de la Asamblea Nacional Catalana (abierta, no obstante, a otras fórmulas) no ha despertado demasiado entusiasmo en ERC, es rechazado con rotundidad por ICV-EUiA y CUP, partidos a los que va dirigido este abrazo del oso convergente y que, en su día, se aliaron con Mas para pactar la pregunta y la fecha de la consulta secesionista. Pero ese frente común tenía los días contados, los que tardó el Gobierno de Mariano Rajoy en impugnar la convocatoria de la consulta y el Tribunal Constitucional (TC) en suspenderla. El simulacro propuesto por el dirigente nacionalista, que finalmente tuvo lugar el 9 de noviembre en contra de una nueva prohibición del TC, evidenció una vez más su incapacidad para liderar bloques soberanistas y arrastrar a una mayoría social a su proyecto, pues solo uno de cada tres catalanes acudió a votar el 9-N. Pese a ello, Artur Mas vivió sus quince minutos de gloria, eclipsando por unos días al líder de ERC, Oriol Junqueras. Pero el tiempo juega en contra del nacionalista y, consciente de que solo puede mantener la efervescencia secesionista a través del efectismo, esta semana ha lanzado un plan que, de nuevo, implica saltarse la ley, en este caso la electoral, pues plantea unos comicios cuya única finalidad es preparar la ruptura con España.

Según dijo, las elecciones «normales», es decir, las que sirven para cambiar los gobiernos, tocan en noviembre de 2016. Hasta entonces, esa junta más profesional que política debe negociar con el Estado español y con las instituciones europeas la ruptura, preparar las estructuras del nuevo Estado catalán, redactar una constitución catalana y, finalmente, someter todo ello a un referéndum.

El rechazo del resto de formaciones soberanistas ha obligado a Mas a plegar velas. Ahora acepta que, en lugar de esa lista «de país», los partidos independentistas lleven en su programa un punto en común al respecto. ERC da largas y Unió, la socia de Convergència en la federación de CiU, ya ha dejado claro que «sí» a la lista común, pero «no» a una coalición con los republicanos. Junqueras sabe que, en su caso, el tiempo sí corre en su favor, pues el verdadero secesionista se queda con el original, no con la copia que representa Artur Mas. Por mucha regeneración convergente que haya -parte de ella forzada por la corrupción que afecta a CDC, especialmente la protagonizada por la familia Pujol y el caso Palau-, hay mucho votante independentista que no olvida: en 2006, Mas pactó con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la rebaja del nuevo Estatuto. Y si hoy Cataluña es contemplada en ese texto como «nación» pero sin efectos jurídicos, o no gestiona sus aeropuertos o no tiene una agencia tributaria con más competencias, es porque así se pactó en esa cumbre. Pero hace tiempo que la economía dejó de ser una prioridad para Mas. Su propuesta de pacto fiscal, un proyecto que sí generaba amplio consenso social -el empresariado catalán y el PSC se habrían sumado-, duró muy poco. Artur Mas culpó de ello a la negativa de Rajoy en aquella reunión previa al adelanto electoral de 2012. Pero lo que no dice es que en ese encuentro el líder de CiU ya amenazó con convocar un referéndum sobre el futuro de Cataluña. Luego, siguió hablando de diálogo.

El avance electoral, de nuevo, es el recurso del presidente catalán. Está dispuesto a ceder el liderazgo de su propio proyecto y a no presentarse a la reelección. Pero también hay algo de pose en ello, pues hay quien asegura que el partido que Mas piensa desde hace tiempo en la retirada.