El viraje de Mas en sus diez años al frente de CiU: de apostar por la «España plural» a la independencia

En el año 2000, la mayoría absoluta de José María Aznar dejaba a CiU, pieza clave de la gobernabilidad del Estado desde 1993, en un segundo plano. Constituida en federación a partir de 2004, el líder de la hasta entonces coalición bipartita que había ganado todos los comicios autonómicos desde 1980, se dio cuenta de la necesidad de elegir a un sucesor. Sin embargo, pese a que todas las miradas estaban puestas en su socio, Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió Democratica de Cataluña (UDC), el papel acabó recayendo en el joven Mas, muy bien conectado con el entorno del presidente catalán.

Poco antes de llegar al frente de Convergència Mas era decididamente contrario a las tesis independentistas . «Cataluña puede aspirar a mantenerse en el entorno del Estado español. Sería irresponsable llevar al país hacia un camino que significara una frustración colectiva. Yo apuesto por la España plurinacional» aseguraba textualmente a Rafael de Ribot para el libro «Qué pensa Artur Mas», publicado en 2002, en el que también aseguraba que «el concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado. España no es Yugoslavia» y decía querer para Cataluña no el modelo de concierto «sino conseguir los mismos resultados».

Con este objetivo la CiU de Mas ganaría las elecciones autonómicas catalanas de 2003 y 2006, pero no lograría formar gobierno, que quedó en ambas ocasiones en una coalición formada por ERC e ICV y liderada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Como jefe de la oposición, Mas, ya defensor del «pacto fiscal» —un trato específico para Cataluña consistente en Hacienda propia y mayor financiación— fue muy crítico con el proyecto de Estatuto presentado por el PSC, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero solamente lograría convencerle in extremis de que lo apoyara tras una larga reunión en enero de 2006 en la Moncloa.

El «Estatut», como sería conocido, salió finalmente aprobado en el Parlamento catalán y el Congreso, aunque sería recortado sustancialmente en 2010 por el Tribunal Constitucional. Este recorte sería uno de los principales factores que provocaron la sonora derrota del tripartito en las elecciones catalanas de noviembre de 2010. Tras seis largos años de espera, llegaba el turno de Mas: por primera vez tenía ocasión de formar gobierno, aunque en minoría y gracias al respaldo puntual del PSC.

La debilidad parlamentaria y la crisis económica marcaron la primera legislatura de Artur Mas. El delfín de Pujol se vio obligado a aprobar severos recortes para hacer frente la enorme deuda de más de 44.000 millones de la Generalitat e, incluso, tuvo problemas para pagar las nóminas de los funcionarios y algunos gastos públicos, como el pago a las farmacias catalanas. Durante su primer mandato Mas no solo no abandonó la idea del pacto fiscal, sino que acudió a La Moncloa con la intención de imponer al presidente del Gobierno, el recién elegido Mariano Rajoy, su aprobación. Entre medias, la abstención del PP facilitó que aprobara los presupuestos autonómicos de 2012.

Sin embargo, el rotundo rechazo de Rajoy al pacto fiscal, unido a la masiva manifestación de la Diada de 2012, le llevaron a disolver el parlamento catalán y a convocar nuevas elecciones para noviembre de ese año. El resultado: CiU bajó de 62 a 50 escaños. De nuevo la aritmética parlamentaria le obligaba a pactar, puesto que la federación quedaba a cuatro escaños de la mayoría absoluta. En esta ocasión el elegido como pareja de baile sería ERC , que había logrado en esos comicios su mejor resultado en democracia, 21 escaños, animado precisamente por la estrategia con la que Mas se había presentado a las elecciones: forzar una consulta para tratar de lograr un Estado catalán.

Durante esta segunda legislatura el viraje de Artur Mas al independentismo se ha hecho cada vez más evidente, pese a su fracaso electoral. En diciembre de 2013 Mas anunció, junto al resto de fuerzas soberanistas, una consulta para el 9 de noviembre de 2014 con dos preguntas: «¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado?» y «¿Quiere que este Estado sea independiente?».

Los detalles de la celebración de la misma han ocupado durante buena parte de este año la práctica totalidad de la vida política catalana, dejando de lado cualquier otro debate. Pese a que ésta fue suspendida por el Tribunal Constitucional, Mas logró «in extremis» sacar las urnas a la calle gracias a un subterfugio : la convocatoria de lo que él tildó de «proceso participativo», cuya legalidad deberá dirimir la Justicia después de que la Fiscalía haya presentado tres querellas contra él y otros dos miembros de su gobierno por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Por el momento, Mas ha ignorado la querella y ha movido una nueva ficha en su escalada soberanista: este martes presentó con aire mesiánico un plan que, a su juicio, llevará a Cataluña a ser independiente en 18 meses. Por el camino, la iniciativa, que consiste en presentar a unas elecciones una lista conjunta formada por miembros de todos los partidos catalanes favorables a la secesión y personalidades de la sociedad civil, le permitirá refundar Convergència , un partido en caída libre (el último barómetro del CEO, el «CIS catalán», le da 32 o 33 escaños) y dramáticamente dañado por la corrupción. Las irregularidades varias que le afectan abarcan desde a su propio fundador, Jordi Pujol (que confesó haber tenido dinero sin regularizar en Suiza), hasta su sede, embargada por orden judicial como consecuencia del caso Palau, y pasando, entre otros, por su anterior secretario general, Oriol Pujol, hijo del patriarca e imputado por el caso las ITV.