El presidente de ERC, Oriol Junqueras, «vota» en el simulacro de consulta - AFP

Mas rentabiliza un simulacro de consulta sin validez legal

Tres jueces se negaron a retirar las urnas, pero uno ve delitos de prevaricación, desobediencia y malversación

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Votar para volver a empezar. Artur Mas ejecutó ayer su simulacro de consulta celebrada como un antes y un después en su proyecto secesionista. La realidad es otra, pues tras esta votación sin validez jurídica, el presidente catalán está condenado a negociar con el Gobierno lo que califica de «referéndum definitivo», que muy probablemente tenga forma de elecciones anticipadas. Esquerra, su socia hasta el momento, se niega a perder más tiempo y, tras la pseudoconsulta de ayer, exige que un nuevo Parlamento autonómico apruebe una declaración unilateral de independencia. Dicho de otra manera: el dirigente nacionalista tendrá que elegir de nuevo entre diálogo o ruptura.

Con el 88,4% de las mesas escrutadas, dos millones de personas -de un censo no oficial de 5,4 millones- participaron en la votación, cifra que según la Generalitat se elevará a 2,2 millones. Del total, un 80,7% apoyó la independencia y un 4,55% votó en contra del Estado propio y de la secesión. Un 10,11% se pronunció a favor del Estado propio, pero no de la ruptura.

Mas consumó, por tanto, su burla al Tribunal Constitucional (TC). Pocas dudas había de que esta convocatoria se iba a celebrar, de forma que el factor sorpresa de la jornada en realidad era solo saber hasta qué punto se iba a involucrar el Gobierno autonómico en el referéndum «enmascarado». Y lo cierto es que lo ha hecho hasta el final.

Actuaciones como la de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, ofreciendo datos de participación, exteriorizaron una desobediencia de manual que corresponderá estudiar a la Fiscalía. El TC había prohibido de forma explícita la intervención de la Generalitat tanto en esta consulta como en los actos preparatorios. Y, sin embargo, están claras cuestiones como la procedencia de los fondos empleados para sufragarla (3,5 millones de euros), que ha sido la web de la Generalitat la que ha ofrecido toda la información relativa a la consulta y que solo una administración autonómica, y no voluntarios ni particulares, puede autorizar que un centro educativo sea utilizado con fines distintos a la docencia. Así, aunque el horizonte penal de los miembros de la Generalitat es a día de hoy una incógnita, en el plano puramente político nada ha cambiado tras este experimento sin validez jurídica. A partir de hoy se abre un nuevo proceso de negociación con el Gobierno, aunque este acercamiento es ahora «más difícil». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de que el simulacro de ayer no tiene ninguna validez y acusó a Artur Mas de tratar de tapar con él su «fracaso personal».

La jornada transcurrió sin incidentes, aunque sobre la misma planeó la amenaza de una posible intervención judicial, tras la investigación abierta por la Fiscalía sobre el uso de locales públicos para la consulta suspendida por el TC. En paralelo, tres jueces resolvían las denuncias presentadas en Barcelona (UPyD, Plataforma por Cataluña y un concejal del PP), Badalona (un particular) y Tarragona (dos denuncias particulares). Los magistrados rechazaron ordenar la retirada de las urnas al entender que sería una medida «desproporcionada». Pero el de Tarragona ha incoado diligencias contra Artur Mas y contra los consejeros de Educación y de Interior de la Generalitat, Irene Rigau y Ramón Espadaler, respectivamente, por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Le apoyó la Fiscalía, que, sin embargo, no lo hizo respecto a las medidas cautelares solicitadas, como el desalojo y cierre de los edificios donde se realizaba la consulta, la incautación de ordenadores, papeletas y urnas y la detención y puesta a disposición judicial de los responsables de la consulta.

Los Mossos d’Esquadra tampoco allanaron el camino para impedir la consulta ilegal, pues no acudieron a los centros de votación para identificar a los responsables de su apertura, como había solicitado el Ministerio Público el día anterior. Sí entregaron en cambio la lista de los locales donde tuvo lugar la votación. Mas asumió toda la responsabilidad. «Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo», dijo en su línea de alarde «heroico».

Logística doméstica

Tras la doble suspensión decretada por el TC -contra la consulta oficial convocada el pasado 27 de septiembre y contra el «proceso de participación» inventado por Mas como solución de urgencia-, la votación celebrada arrojó imágenes de gran voluntarismo por parte de catalanes que realmente creen que el acto supone un «momento histórico». En efecto, el Gobierno autonómico consiguió la imagen buscada: la de colas ante los locales públicos abiertos para tal fin, pocos para abarcar a los 5,4 millones de personas que según la Generalitat tenían «derecho a voto». El entusiasmo demostrado por los participantes contrastó con la logística utilizada: no había censo, ni informática en red ni suficientes observadores internacionales para constatar la validez de la consulta, cuyos resultados definitivos serán anunciados por el Gobierno catalán hoy.

Eso sí, la pregunta impugnada dos veces por el TC se mantuvo: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo «¿Quiere que este Estado sea independiente?». Aunque se dieron instrucciones a los voluntarios de que no hicieran ostentación de sus inclinaciones secesionistas en la indumentaria -hubo un grueso importante de miembros de la Asamblea Nacional Catalana ayudando en la organización-, pancartas y carteles favorables a la independencia decoraban las entradas de algunas sedes.

Y mientras los partidos secesionistas se vanagloriaban del «éxito» logrado y la televisión catalana ofrecía un amplio despliegue informativo de la jornada -conexiones en directo, programas especiales, entrevistas...-, los partidos defensores de la ley y la Constitución celebraban actos alternativos. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tildó de «pucherazo» la votación, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, habló de fraude de ley y tildó al Gobierno de Mas de «comité de sedición».

Por su parte, el PSC se enfrentó a sus propias contradicciones, pues oficialmente no consideraba legítima la consulta, pero dirigentes destacados como el alcalde de Lérida, Ángel Ros, y la exconsejera de Salud Marina Geli, acudieron a votar. En el caso de Geli, para decir «sí» a la independencia. La reacción de los socialistas catalanes a la consulta ilegal tuvo un perfil bajo. Su primer secretario, Miquel Iceta, no hizo acto de presencia y encargó las reacciones oficiales a su portavoz, Esther Niubó, quien apeló a la necesidad de poner el contador a cero y emprender el camino del diálogo.

Divisiones internas

También en Unió y en ICV afloraron las divisiones internas. Mientras el líder de los socialcristianos, Josep Duran Lleida, votaba «sí» al Estado propio, pero «no» a la independencia, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, daba el doble «sí» a la ruptura con España. Por su parte, el coordinador ecosocialista, Joan Herrera, votó en el mismo sentido que Duran, mientras que la también dirigente de ICV, Dolors Camats, se decantó por la secesión. Sociedad Civil Catalana denunció «la gravísima actuación de deslealtad de la Generalitat hacia el conjunto de los ciudadanos» y subrayó «que los resultados no merecen ninguna credibilidad».