La Fiscalía pedirá al Supremo que investigue a Chaves y Griñán

Según las fuentes citadas, el Ministerio Público solo sería partidario de que el Tribunal Supremo investigara a los aforados que le competen , es decir, a José Antonio Griñán en su condición de senador, y a Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su condición de diputados. Los otros cinco aforados (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y María del Mar Moreno) son parlamentarios autonómicos y la competencia en estos casos correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El escrito que la juez Alaya remitió al Supremo abarca unas quinientas páginas. El TS tendrá que responder a una pregunta crucial que ha sobrevolado el caso durante la última fase de la instrucción, que se ha prolongado a lo largo de tres años y medio: si Griñán y Chaves fueron conocedores o partícipes de la implantación y el mantenimiento durante más de diez años (2000-2010) de un sistema arbitrario de ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresas.

La juez Alaya así lo cree: sostiene que el procedimiento de los ERE fue el resultado de una decisión política de la cúpula autonómica. Por ello ha soportado críticas y presiones del PSOE e IU para que se inhibiera y hasta manifestaciones en la puerta de los juzgados de los sindicatos. La Audiencia de Sevilla consideró también que no es descabellado pensar que el sistema se instaurara «para propiciar lo que finalmente ocurrió –el fraude–». «¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pidiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria?», se preguntó la Audiencia durante el pasado mes de mayo.

A diferencia de la Junta, que defiende que el fondo de los ERE era legal, Mercedes Alaya avala que las ayudas se dieron sin solicitud ni justificación, sin fiscalización previa ni límite de gasto. La antigua Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía aprobaba las ayudas que luego pagaba un ente instrumental del Gobierno andaluz, la Agencia IDEA, mediante las transferencias de financiación. Este mecanismo propició que durante una década escaparan al control de la Intervención de la Junta un total de 721 millones de euros y que se haya elevado a 1.217 millones el «saqueo» de las arcas públicas por cobrar abultadas comisiones solo por gestionar despidos.

La estrategia del PSOE tras la decisión de la juez Alaya fue restar importancia al traslado de las diligencias al Supremo. Así, tan solo un día después diversos dirigentes socialistas cerraron filas con los expresidentes andaluces y descartaron de antemano tomar medidas disciplinarias o de otro tipo, argumentando que ambos dirigentes habían sido «injustamente implicados».