Caso ERE: 166 imputados y un único encarcelado

En uno de los dos autos hechos públicos ayer, la magistrada cita a declarar el próximo día 29 de abril al «tándem» formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago , cuyo «entramado societario» recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales. De este modo, y por medio de un auto al que ha tenido acceso Ep, la magistrada Mercedes Alaya imputa a 15 personas, entre ellas al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos; al actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, y al exconsejal del PP en La Carolina (Jaén) Ramón Polo, estos dos últimos incluidos además como 'intrusos'.

En relación con José Luis Montesinos, al que cita a declarar este viernes junto a otros tres imputados, Alaya señala que «sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos de sus miembros, como por ejemplo el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia».

Al hilo de ello, la instructora dice que del atestado recibido sobre la actividad de Vitalia «se ponía de manifiesto la existencia de evidencias de que los sindicatos se convertirían para Vitalia en una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora, bajo la justificación de 'toma de datos de los trabajadores' o incluso 'cálculos (actuariales) de contraste».

«De las diligencias policiales ahora presentadas, y particularmente de la documentación recogida por la Policía Autonómica de Cataluña, se desprende que se formalizaron pólizas a miembros de los sindicatos en las que figuraba como tomador la propia Vitalia, quien asumiría el pago de las primas como contraprestación a la ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora para actuar en los procesos de reestructuración laboral», asevera la juez.

En otro auto, la juez Mercedes Alaya rebaja de 45.000 a 20.000 euros la fianza impuesta para poder salir de la cárcel a Eduardo Pascual, que recientemente pidió su libertad para, entre otras cosas, poder asistir el pasado Sábado Santo al bautizo de su último nieto, que nació cuando ya estaba internado en prisión. La juez recuerda que ya ha rebajado en varias ocasiones la fianza impuesta al imputado y señala que, «aún persistiendo todos y cada uno de los motivos que abocaron en su prisión provisional, visto el tiempo transcurrido sin que haya podido reunir la fianza impuesta, pudiera deducirse que la misma resulta inasequible para que pueda gozar de su libertad provisional».

De este modo, «teniendo en cuenta la posición procesal del imputado y los criterios expuestos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, procede rebajar la fianza carcelaria impuesta, que quedará fijada en 20.000 euros».

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el abogado de Pascual, que ingresó en prisión el 23 de marzo de 2013, solicitaba su libertad y, de manera subsidiaria, reducir a 5.000 euros la fianza impuesta. El letrado decía que su cliente no podía reunir los 45.000 euros en los que entonces estaba fijada la fianza y aseguraba que «resulta patente la imposibilidad material de afrontar la misma y cualquiera similar», dado que «se han acordado toda suerte de embargos y prohibiciones» que impiden que Pascual o su entorno puedan hacer frente a la fianza impuesta.