La consulta queda fuera de la ley y en vía muerta

El Pleno admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno, lo que supone la suspensión automática de forma cautelar de la consulta alternativa de Mas y de los actos preparatorios.

El «proceso de participación ciudadana» que convocó Mas tras la suspensión del referéndum original queda bloqueado y la Generalitat no podrá consultar a los ciudadanos sobre la independencia el 9-N. La suspensión cautelar no determina el sentido del fallo sobre el fondo de la cuestión, sobre el que los magistrados pueden pronunciarse en cinco meses, aunque probablemente lo harán antes.

La suspensión tiene efectos retroactivos desde el 31 de octubre, día en que el Gobierno registró su recurso . Obliga a todos los poderes públicos. Cualquier acto administrativo relacionado con el «proceso de participación» queda anulado. La Generalitat no puede hacer campaña, ni habilitar centros escolares ni pedir colaboración a los ayuntamientos, que tampoco podrán ceder espacios para esa consulta.

Son los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía a quienes corresponde vigilar el cumplimiento de la suspensión acordada por el TC.

Podría incurrir en un delito de desobediencia y, en su caso, también de prevaricación. La Fiscalía puede actuar de oficio.

El Gobierno cree que no habrá consulta el 9-N y que Mas acatará la ley. Aun así, si el presidente de la Generalitat siguiera adelante con el referéndum encubierto, el Ejecutivo dispone de medios constitucionales, como la recuperación de las competencias de educación y seguridad, aunque son medidas improbables.

En ningún caso. Para dar un uso distinto al docente en los centros escolares, en este caso la colocación de urnas, es necesario un acto administrativo de la Generalitat, algo que el TC ha bloqueado.

Es una de las posibilidades que se manejan. Si la Asamblea Nacional Catalana recoge papeletas en la calle el efecto sería nulo, no tendría ninguna validez, más allá del impacto que pudiera producir una foto de la movilización ciudadana.

La consulta organizada y convocada por los poderes públicos no se habrá podido celebrar, al ser ilegal. Mas podría estar abocado a un adelanto electoral o a un cambio de socios para aprobar los presupuestos y acabar la legislatura. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar, dentro de la ley. No se cierra a hablar de una reforma de la Constitución, si hay amplio consenso y objetivos claros.