Seis medidas contra la corrupción

Pero en una situación como la que ahora estamos viviendo en España, con tantos casos de corrupción en manos de los jueces y en las primeras páginas de los medios de comunicación, pedir perdón no basta. Se hace imprescindible la adopción de medidas drásticas, rápidas y eficaces para descubrir y castigar de manera ejemplar a los culpables. Medidas que, al mismo tiempo, tengan un inequívoco poder ejemplarizante y disuasorio para que, antes de cometer un acto de corrupción, el político tenga que pensárselo dos veces. Y, sobre todo, medidas que sirvan para que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos. Recuperar esa confianza es hoy la principal tarea de todos los que nos dedicamos a la política. Si muchos españoles -según las encuestas- creen hoy que la solución a nuestros problemas está en un movimiento populista que quiere hacer tabla rasa con todo lo que tenemos y que tanto ha costado construir, es, precisamente, porque han perdido su confianza en los políticos.

Algunos podrán pensar que no soy yo -después de lo que han hecho algunas personas nombradas por mí- la más indicada para proponer medidas contra la corrupción, pero precisamente por eso, por haber cometido graves errores en la elección y en la vigilancia de esos colaboradores corruptos, me atrevo a proponerlas desde la experiencia de esos errores míos. Son medidas que podrían ser llevadas a la práctica con carácter de urgencia, y que podrían ser las primeras de otras posteriores para mejorar la calidad de nuestra democracia y para corregir los defectos que han aparecido en estos 36 años de vida constitucional.

1. Facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción, es decir, por delitos que hayan supuesto su enriquecimiento personal y fraudulento a costa del dinero público. Estoy convencida de que, si todos los imputados por el caso Gürtel -que lleva casi seis años instruyéndose- estuvieran en la cárcel desde que fueron descubiertos, eso habría sido un importante factor disuasorio para evitar que otros cayeran en cualquier tentación.

2. Cambios legislativos inmediatos para reducir el tiempo de instrucción de las causas judiciales abiertas por corrupción. Un año, prorrogable seis meses en los casos más complejos, debería ser el tiempo máximo de instrucción de estos casos. Si los casos de corrupción no son juzgados con mucha más rapidez, los ciudadanos -que somos las víctimas de los corruptos- nos indignamos cuando vemos que nadie les castiga, y, cuando llega la sentencia, ya hasta nos hemos olvidado de las fechorías que habían llevado a cabo.

3. Una nueva Ley Electoral. Con la actual, la preocupación y la ocupación fundamentales de los políticos es la de agradar a las cúpulas de sus partidos, de las que depende su inclusión en las listas electorales. Hay que ir a una ley que permita a los ciudadanos conocer directamente a los políticos a los que otorgan sus votos, y que obligue a estos a dar cuenta ante sus electores de manera constante y continua. El control de los ciudadanos es una vacuna muy eficaz contra la corrupción.

4. «Hearings» para la designación de los candidatos de los partidos a los cargos públicos. Todos hemos podido contemplar los duros interrogatorios a que ha sido sometido Miguel Arias Cañete para ser designado comisario europeo. Le han preguntado de todo, desde detalles de su formación académica hasta el estado de su economía personal. Todos los que quieran dedicarse a la política tendrían que pasar por un examen parecido que sirviera para que los ciudadanos les conocieran lo mejor posible.

5. Transparencia total en las cuentas de los partidos y de las instituciones. Los ciudadanos quieren saber, y tienen derecho a ello, el origen de hasta el último céntimo que entra en un partido político y el destino que se le da. Publicar las cuentas, tal y como las conocen los responsables de los partidos, alejaría la posibilidad de esconder dinero procedente de la corrupción. Y en cuanto a las donaciones, yo me inclino más por el sistema anglosajón de hacerlas públicas que por la prohibición, que ya hemos comprobado que no ha funcionado.

6. Cambiar la Ley de Contratos del Estado. La misma existencia en esta ley de un llamado «procedimiento negociado sin publicidad» ya indica la posibilidad de contratar sin la necesaria transparencia. Además se hace imprescindible eliminar la discrecionalidad en las adjudicaciones, haciendo obligatoria la elección de la oferta más ventajosa en el precio.

Estas medidas, y otras que se pueden arbitrar, pretenden ponerles las cosas más difíciles a los que tengan la tentación de corromperse, pero no nos equivoquemos, la clave final de la existencia de la corrupción es la existencia de corruptos, de personas sin moral ni vergüenza, capaces de llevarse a su bolsillo el dinero de los demás, sus conciudadanos.