Horrach pide que no se aparte a los dos jueces que suspendieron la imputación de la Infanta

Manos Limpias, que forma parte de la acusación popular, solicitaba en su escrito que sean apartados del caso Diego Gómez-Reino -que además sería el ponente de los 14 recursos- y Mónica de la Serna. Esta petición estaba fundamentada en el hecho de que el 7 de mayo del pasado año ambos jueces decidieron suspender la primera imputación de la Infanta.

El tercer magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que, junto con Gómez-Reino y con De la Serna, fue designado hace unas semanas para decidir el futuro procesal de la Infanta y del resto de imputados, Juan Jiménez, no fue recusado, en cambio, por Manos Limpias. Cabe recordar que Jiménez emitió el 7 de mayo del pasado año un voto particular a favor de que se mantuviera la imputación de Doña Cristina. Por tanto, el sindicato cuestiona la imparcialidad de los dos magistrados que consideraron que se tenía que suspender la inculpación de la Infanta, y no cuestiona, en cambio, la imparcialidad del magistrado que abogó por mantenerla.

En este contexto, Horrach señala en su escrito que «la conclusión es obvia», en el sentido de que Manos Limpias «pretende apartar del conocimiento del asunto a quienes, en su momento, tomaron una decisión contraria a sus intereses». El fiscal añade que el sindicato «utiliza fraudulentamente un instrumento legal para conseguir finalidades espurias».

En su escrito, Horrach recuerda que la recusación de los dos magistrados se pide sólo en relación a la Infanta y no al resto de imputados en el «caso Nóos». Por tanto, «el raciocinio lógico deductivo conduce a afirmar que se usa el procedimiento recusatorio como arma, en claro fraude procesal y legal».

El fiscal también indica en su escrito que Manos Limpias «se limita a reiterar hasta la saciedad la existencia de una sospecha objetiva de parcialidad», con el único fundamento de la «imaginación» del autor de la petición, «dada la falta de motivación del escrito recusatorio». En la misma línea, Horrach señala igualmente que «no es admisible utilizar torticeramente la figura de la recusación para desplegar un cúmulo de insinuaciones de actuación prevaricadora para intentar condicionar una decisión judicial».

La Audiencia de Palma había dado un plazo de tres días a todas las partes que presentaron apelaciones para que se pronunciasen ahora sobre la petición de recusación de Gómez-Reino y de De la Serna. Seguidamente, se dará traslado a los dos magistrados recusados para que se pronuncien también. En caso de que ambos jueces rechazasen la recusación, su posición sería trasladada al presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez Martínez. Si finalmente se diera esa situación, la ley prevé que los dos magistrados recusados sean apartados de la causa hasta que se adopte una decisión en un sentido o en otro.

Una vez recibido el incidente de recusación, el presidente de la Sala nombraría a un magistrado instructor del mismo entre los jueces que no pertenezcan a la Sección Segunda de la Audiencia. Concluida la instrucción, el incidente se remitiría a una Sala del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que adoptaría una decisión definitiva.