El juez que quiere echar de Cataluña a un tercio de sus compañeros

En las distintas conferencias que Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) le han preparado por toda Cataluña, el juez Vidal presume de su papel protagonista en el diseño de esa Constitución catalana, que, inspirada en la de Noruega y en la de Islandia, contemplará un DNI propio. Según los cálculos del magistrado este documento entrará en vigor en enero de 2017, aunque él «se daría por satisfecho» si en 2020 puede sacar de su cartera un «documento de identidad de la república catalana» o un pasaporte catalán.

Eso no es todo. En esas charlas el juez repite hasta la saciedad el argumento de que en caso de que el Estado impida a Cataluña el «derecho a decidir», estaría justificado el incumplimiento de las leyes y la «desobediencia civil». Una afirmación que viniendo de un juez es especialmente preocupante, por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta grave dictar resoluciones con incumplimiento consciente de fidelidad a la Constitución.

Pero cuando más disfruta el magistrado independentista es al hablar del «poder judicial» que quiere para Cataluña y que pasa, entre otras cuestiones, por echar a un tercio de los jueces y fiscales que hay en esa comunidad autónoma, por que no haya ninguna sentencia en castellano y por cambiar el Tribunal Constitucional por un «tribunal supremo catalán» con cinco miembros para resolver cuestiones constitucionales. «No podemos aprovechar nada de lo que tenemos», asegura.

Vidal considera que cuando se cree el «nuevo Estado», unos 200 ó 300 jueces de los casi 800 que hay actualmente en Cataluña se irán fuera. Lejos de asumir esa pérdida, aumentarán entonces la plantilla hasta los mil, de forma que los 500 que harán falta saldrán de la Abogacía catalana: en concreto se designarán de entre los 28.000 letrados que hay en esa comunidad, realizando «una selección, un concurso de méritos muy restrictivo». Ahí queda.

Junto a esta medida, Vidal quiere que se deroguen las tasas judiciales y anuncia un reglamento que regule que los casos se tienen que resolver en el plazo de seis meses. Si hay demora, el juez responderá con su patrimonio personal ante los daños y perjuicios que ese retraso genere.

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación a este magistrado, que además es uno de los 33 firmantes del manifiesto independentista que también está bajo la lupa del Consejo, para esclarecer si ha podido incurrir en algún tipo de incompatibilidad con su función jurisdiccional. De hecho, el próximo 19 de mayo Vidal deberá responder ante el Promotor de Acción Disciplinaria, que podría proponer que se le sancione. El artículo 389.7 de la LOPJ señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. Es más, la propia ley da un plazo de ocho días para que quien incurra en esta incompatibilidad decida si opta por uno u otro cargo (juez o asesor) o cese en el ejercicio de la actividad incompatible. El incumplimiento se sanciona como falta muy grave, lo que puede acarrear hasta la separación de la carrera.