La Generalitat contrata a empresas donde trabajan familiares de Mas

Así ocurre con las sociedades en las que trabajan sus cuñados Joan Antoni y Guillermo Rakosnik ; sus hijos Albert y Patricia, y su mujer, Elena Rakosnik , que además de prestar sus servicios en la empresa pública Transportes Municipales de Barcelona es presidenta de una fundación igualmente subvencionada por la administración que dirige su marido.

Aunque obviamente esta situación no implica que se hayan cometido irregularidades, lo cierto es que llama poderosamente la atención a las fuentes próximas a las pesquisas consultadas por ABC. «Es por lo menos curioso que todas las empresas en las que hay algún miembro de la familia, política o directa, de Artur Mas , hayan obtenido, desde que éste llegó a la Presidencia de la Generalitat, adjudicaciones de contratas o diversas subvenciones por parte del Gobierno catalán o bien por parte del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado igualmente por CiU», sostienen los mismos medios.

Bajo la punta del iceberg

La punta del iceberg de esta situación ya fue desvelada por ABC el pasado 23 de septiembre , cuando publicó que la empresa Seidor , una consultora de servicios informáticos con sede en Barcelona, había aumentado su facturación a la Generalitat en más de un 6.000 por ciento desde que fichó como responsable de calidad y jefe de proyectos a Joan Antoni Rakosnik , hermano de la esposa de Artur Mas.

De hecho, pasó de facturar de 5,3 a 322 millones de euros tras esa contratación y la llegada de CiU al poder. La empresa negó entonces estos datos y atribuyó el crecimiento de su volumen de negocio «a la expansión internacional de la compañía», al tiempo que precisaba que Rakosnik formaba parte de la plantilla de Microsistemes.

En efecto, este cuñado de Artur Mas, ingeniero técnico agrícola y con un máster en Dirección de Empresas, trabaja para Microsistemes S. A., aunque no es menos cierto que es una sociedad participada al cien por cien por Seidor. Su primer destino fue en la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, donde era responsable de calidad de los trabajos que la Generalitat subcontrató a Microsistemes. Esta sociedad acababa de conseguir dos importantes lotes de consultoría informática para la citada Consejería que rondaban los 2,4 millones de euros. En concreto, uno de los contratos ascendía a 1.856.000 euros y el segundo a 550.000 euros.

Mayoría de adjudicaciones

Allí permaneció Joan Antoni Rakosnik hasta diciembre de 2012. En la actualidad continúa trabajando para el grupo empresarial Seidor como responsable de proyectos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el sector público catalán en el que ha logrado una enorme presencia. Hay que precisar, no obstante, que esa multinacional es una compañía muy reconocida en el sector .

A pesar de ello, lo cierto es que el volumen de negocio que ha conseguido alcanzar Seidor se debe a que se ha quedado con una buena parte de las adjudicaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI). Se trata de la empresa pública encargada de la planificación técnica, gestión y explotación de los servicios y sistemas de telecomunicaciones e informáticos que sean necesarios para el funcionamiento del Gobierno de esa Comunidad Autónoma.

Por tanto, es un auténtico gigante por el que pasa el mantenimiento de todos los servidores del Ejecutivo de Artur Mas o las aplicaciones informáticas que necesitan para su funcionamiento. La mayoría de los 323 millones de euros que Seidor y sus socios han facturado a la Generalitat han sido con este organismo . En concreto se han firmado tres contratos en agosto y septiembre de 2012, por valor de 6,6; 106,7 y 148,9 millones de euros. La empresa en la que trabaja el cuñado de Artur Mas acudió a estos concursos públicos en UTE (Unión Temporal de Empresas) con otras compañías.

Cuestión aparte es la forma en la que se produjeron las principales adjudicaciones. Según las fuentes próximas a las indagaciones consultadas por ABC, se hicieron con el polémico procedimiento del «dialeg cempetitiu» (diálogo competitivo). Se trata de una modalidad en la que el gobierno de Artur Mas es pionero y que fue diseñado para «contratos que tienen un objeto complejo, cuando el órgano de contratación no se encuentra objetivamente capacitado para definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades», según explica la propia Generalitat en su página web.

Pero este sistema, según los medios consultados, ha despertado importantes sospechas y fuentes del sector lo califican de «arbitrario» y creado con el objetivo de «dar contratos a quien te interesa, en vez de usar el concurso público, que está perfectamente reglado».

Y es que el «diálogo competitivo» está, en principio, abierto a cualquiera, pero una vez que las empresas se han presentado, la Generalitat elige a tres o más y las «invita» (ese es el término oficial) a la «fase de diálogo» en el que se debaten las necesidades del contrato. Es decir, solo se dialoga con aquellas sociedades que interesan. Se trata, por tanto, de un procedimiento parecido a los negociados sin publicidad, tantas veces criticados desde distintos ámbitos, en los que la administración de turno invita a tres empresas para que presenten sus ofertas y luego se queda con una de ellas.

Consejería de Felip Puig

Pero el grupo empresarial para el que trabaja Joan Antoni Rakosnik presta servicios también a otros organismos públicos. Así, la Consejería de Interior contrató a Seidor Consulting a cambio de 158.898 euros en junio de 2011. En esa fecha el titular de la Consejería era Felip Puig , el mismo que años antes había defendido al cuñado de Artur Mas públicamente cuando fue apartado por el tripartito.

Hay que precisar igualmente que el primer contrato que la Generalitat de Cataluña adjudicó al grupo Seidor tras la llegada de Artur Mas al poder fue pocos meses después de su toma de posesión, el 4 de abril de 2011 y el organismo público que lo sacó a concurso es la «Entidad Autónoma de Diario Oficial Publicaciones» del Gobierno catalán. El contrato en cuestión ascendió a la nada despreciable cantidad de 387.400 euros.