Radiografía de la corrupción en España

Pero da igual, porque el español lo tolerará.

La evolución que reflejan los datos del Centro de Investigación Sociológicas demuestran que la corrupción sólo emerge entre los principales problemas en periodos de crisis económica .

Ocurrió en los años noventa, cuando el porcentaje de españoles que situaba las prácticas irregulares entre los principales problemas superó el 30%. Luego pasó a un segundo plano: nadie parecía darse advertir los casos que hoy están siendo juzgados.

Y ha vuelto a ocurrir ahora. Con el escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía y el «caso Bárcenas» como principales exponentes, en marzo se alcanzó una cifra récord: el 44,5% de los encuestados situaba la corrupción entre sus principales preocupaciones . En sucesivos sondeos el porcentaje ha bajado, pero se mantiene en niveles nunca vistos.

¿Volverá a desaparecer cuando la situación económica mejore? Y, dentro de cinco años, ¿habrán aumentado los casos de corrupción?

Casi la mitad de los españoles opina que sí, que habrá más escándalos . Otro 23,7% dice que no aumentarán ni disminuirán. El restante 19,5% espera que haya menos casos de corrupción. Y es que el «español demoscópico» tiene cierto complejo de inferioridad con los extranjeros. El 45,5% piensa que en la península hay más corrupción que fuera. Tan sólo el 5,1% señala lo contrario.

Los escándalos más sonados

La corrupción existe. Siempre existió y así seguirá siendo . Eso cree el 60,5%. Un número mayor de españoles, el 85,9%, aclara que si la hay es porque la Administración lo permite. ¿Dónde hay mucha o bastante corrupción? El 86,6% responde que entre los políticos, el 76,5% la ubica en las autoridades que conceden permisos de obras, el 34,7% en las fuerzas de seguridad y el 22,6% entre los funcionarios.

Desde el año 2000, fecha en la que la corrupción comenzó a aparecer de nuevo entre los principales problemas en las encuestas del CIS, los quince escándalos más sonados se traducen en 6.839 millones de euros defraudados . La estafa de Fórum y Afinsa se concretó en 4.400 millones. El caso de los ERE en 900 millones. El de Nueva Rumasa en 500. Gürtel en 200. Palma Arena en 110. Gescartera en 88… Este cálculo elaborado por ABC es muy conservador, puesto que se produjeron muchos más casos.

Con el objetivo de atajar esta situación, el Gobierno ha acordado penas más duras contra quienes infrinjan la ley . Así, el nuevo Código Penal revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Se crea además un nuevo delito, el de financiación ilegal de los partidos políticos.

En palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría , se pretende perseguir al corrupto y recuperar los bienes defraudados. En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario si se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.

Mejorar la ley de Transparencia

Asimismo, el Ejecutivo impulsa un Plan de Regeneración Democrática con cuarenta medidas para avanzar en la transparencia de las administraciones públicas . Por un lado, se quiere controlar la actividad de los partidos políticos: regulación en las contrataciones, registro de fundaciones, obligatoriedad de la presentación de cuentas, ampliación del régimen de sanciones, control de subvenciones… También se pondrá la lupa en los cargos públicos, que no podrán usar tarjetas de crédito , sus retribuciones figurarán de forma clara en los presupuestos y estarán sometidos a una estricta fiscalización.

Mientras el nuevo Código Penal y las propuestas contra la corrupción llegan a las Cortes, la ley de Transparencia se aproxima a la fase final de su trámite legislativo. Es, según Transparencia Internacional, «un importante avance social y un cauce fundamental para mejorar la participación y la calidad democrática en España», aunque sigue siendo un «proyecto de ley ciertamente mejorable».

En la medida estrella contra la corrupción no se contemplan de forma clara ni explícita las infracciones a los políticos y funcionarios que infrinjan las normas de transparencia , critica Transparencia Internacional. Igualmente, esta organización estima que se establece un «régimen de silencio administrativo negativo» que hace que, en la práctica, «si las instituciones públicas no desean contestar a las solicitudes de información, estas se entienden simplemente denegadas transcurrido el plazo estipulado de un mes».

Transparencia Internacional echa de menos que la futura ley no obligue a las administraciones públicas a publicar la relación de sus bienes inmuebles . «Ello implica ocultar a los ciudadanos una parte muy importante del patrimonio público español, como es todo lo relacionado con los bienes muebles y derechos reales de las entidades públicas: dinero, valores mobiliarios y otros activos financieros, etc», denuncian. Por último, consideran que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de independencia porque a su presidente lo nombra el Gobierno.

Que la futura ley de Transparencia tenga estas carencias quizá sea uno de los motivos por los que el 61,6% de los españoles piense que la actitud más extendida ante la corrupción es la tolerancia.