6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000

Se trata además de un cálculo muy conservador, pues a lo largo de todos estos años desde 2000 se han producido muchos más episodios de corrupción -de alcance económico menor, es cierto- que no están incluidos en este informe de ABC. También, en algunos de los casos recogidos en estas páginas, las investigaciones judiciales aún están en marcha, por lo que la cifra defraudada podría incluso aumentar. Además, no se reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que están implicados políticos supuestamente corruptos. La operación contra la mafia rusa del pasado viernes, con la implicación política de al menos un diputado de CiU , es el último ejemplo, e indudablemente la triste «factura de la corrupción» en España crecerá.

El caso Palau, el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía, la trama Gürtel, las supuestas estafas del Forcem, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos... Episodios de sobra conocidos por las revelaciones que prácticamente a diario se publican en toda la prensa nacional y que demuestran que la corrupción es transversal, de modo que afecta a todos los partidos políticos -más a los más grandes porque son los que ocupan mayores parcelas de poder- y a todas las administraciones: central, autonómica y local. Y hay otra característica: siempre es utilizada como arma política contra el adversario.

Las reacciones de los partidos , sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son también muy similares: primero se apela a la presunción de inocencia, luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro. Pero a menudo todo queda reducido a agua de borrajas.

Las encuestas son demoledoras. La última de ellas, publicada el pasado 20 de enero por ABC, revelaba que el 74 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro país que al resto de Europa. Hay otro dato inquietante: el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos; es decir, consideran que el castigo para esas conductas no es suficiente, lo que abona la tesis permanente de que los miembros de instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia. Además, las encuestas muestran el camino a los partidos sobre cuál debe ser su respuesta ante este tipo de casos. Así, el 86 por ciento de los españoles cree que todo aquel cargo público que sea imputado debe dejar sus responsabilidades.

El hartazgo ciudadano, con casi seis millones de personas en paro en España, es cada vez más evidente. Los estudios de opinión reflejan que los españoles se fían cada día menos de sus cargos públicos, de los sindicatos o de las entidades bancarias, hasta el punto de que, según el último estudio del CIS sobre este asunto, de octubre pasado, para el 26,9 por ciento de los encuestados, los políticos, por ejemplo, son uno de los tres principales problemas. Es el mayor porcentaje de la historia de la democracia.

Tras hacerse públicas en las últimas semanas cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados al extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, los principales partidos políticos están apelando a grandilocuentes pactos contra la corrupción. Pero de momento, sin una sola firma.

Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias comisiones rogatorias para localizar el dinero.

Las irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones por otros 200 millones.

Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.

El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas, imputado en la casi todas las piezas.

La Fiscalía pidó el procesamiento de seis cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal. Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem. Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad, empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95 por ciento de ellos.

En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados (entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique GiménezReyna, que dimitió.

La «operación Pretoria», contra la corrupción urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.

Félix Millet y Jordi Montull están acusados de la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música, el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC, el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y pagó gastos de su familia con esos fondos.

El extesorero y exsenador del PP, imputado en el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3 millones.

Un grupo de empresarios ofrecía concesiones públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la consultora de su amigo Sergi Alsina.

Es una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca, considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.

El caso Noos implica a un miembro de la Familia Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.

El caso, instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de Blasco.

Tres lustros de investigación y en unos minutos se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de 388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.

121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas. La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56 millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.

Presupuesto del Ministerio de Defensa. El Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900 millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las cantidades que se han llevado los casos de corrupción.

El valor de la red social Twitter. 6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que han implicado los distintos casos de corrupción.

15 veces la plantilla del Real Madrid. Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores están valorados en 517 millones de euros.