El Gobierno quiere evitar que los hijos sean una víctima más de la violencia de género

De confirmarse que el hombre, sobre el que recaía una condena a seis meses de cárcel por un delito de maltrato contra su expareja, asesinó a su hija de seis años horas antes de tener que dejar que se marchara de nuevo con su madre, se trataría del primer asesinato de un menor víctima directa de violencia de género en 2013. Pero como éste, ya han habido muchos. Demasiados.

Ahora, el Gobierno se propone frenar estos crímenes —«cada uno es como un puñal en el corazón que debería hacer sonrojarse a todo el mundo», dijo el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno—, y este mismo viernes aprobará un Plan de Infancia y Adolescencia que incluye un «paraguas» de protección a los menores víctimas directas o indirectas de la violencia que se ejerce contra sus madres.

En una jornada sobre el teléfono de información sobre violencia de género (016), Moreno adelantó el pasado martes que estaría «en la agenda política de los próximos meses» este Plan de Infancia, que contendrá un «apartado específico para la protección de los menores víctimas de violencia de género» y que contemplará la creación de un Registro unificado de menores maltratados centrado en garantizar asistencia jurídica y psicológica a estos menores, según revelaron fuentes de la Secretaría a Europa Press.

De los datos que han trascendido sobre el futuro Plan de Infancia y Adolescencia, se extrae la intención del Gobierno de proteger a los menores que quedan «desamparados o desprotegidos» cuando su padre mata a su madre. Tras el ingreso en prisión de éste o su propio suicidio —muchos de los agresores deciden quitarse la vida tras cometer el asesinato—, el menor queda huérfano y bajo tutela del Estado. El Ejecutivo pretende acelerar el acogimiento familiar de estos niños.

Se desconoce aún si el Plan incluirá medidas para «evitar que la venganza de los agresores se cobre la vida de sus propios hijos», tal y como piden más de 20 organizaciones feministas en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Como vienen denunciando desde hace años, los hijos son el arma por excelencia del agresor sexista. La psicóloga clínica Raquel Rivas Diez lo define como «la violencia que es capaz de ejercer un hombre contra sus propios hijos e hijas sólo como un medio más para hacer daño a su pareja». La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, defendió en ABC que «un agresor nunca puede ser un buen padre».

Pero hasta ahora, el hecho de que un hombre sea condenado por maltratar a su mujer no supone la retirada de la custodia inmediata de los hijos. Ni la invalidación de la concesión de visitas y convivencias del agresor con sus hijos. Entra en juego un síndrome cuya existencia ha sido negada insistentemente por la comunidad científica —entre otros, por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Americano de Psicología—: el síndrome de la alienación pariental (SAP). El psiquiatra Richard Gardner lo acuñó en 1985 y lo definió como un desorden psicológico que sufría el niño en los procesos de separación o divorcio de sus padres por el que acababa insultando o denigrando a su progenitor, como consecuencia del «lavado de cerebro» al que había sido sometido por su madre.

Al final, aunque la mujer logre una orden de alejamiento, cada día tendrá que ver cómo sus hijos se marchan con el hombre que la maltrató. Y por eso muchas no denuncian: «¿Cómo me voy a salvar yo condenando a mis hijos a soportarlo?».

El manifiesto que las organizaciones en defensa de la Mujer han entragado al presidente del Gobierno solicita modificaciones en el Código Civil y en la Ley de Protección del Menor para que los maltratadores no puedan mantener el contacto —pierdan la patria potestad o el régimen de visitas, en su caso— con los menores. La muerte de la menor malagueña ha puesto de manifiesto que la vida de los niños corre peligro, señalan.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ángela Cerrillos señalaba a Europa Press que el Código Civil ya contempla medidas «suficientes» para la «protección necesaria» de los hijos de víctimas de violencia de género, pero su aplicación depende en demasiados casos de la «discrecionalidad» de los jueces y no se aplican.

En el mismo sentido se expresa la Fundación ANAR de Ayuda a los Niños y Adolescentes, que cree que los jueces deben pecar «en exceso» para proteger a los niños y adolescentes y hacer prevalecer su seguridad sobre el derecho de los progenitores a mantener el contacto con los hijos. También muestra sus dudas sobre que un hombre capaz de golpear hasta la muerte a la madre de sus hijos pueda tener una relación saludable hacia los niños. La violencia es incompatible con el amor.

Un cambio legislativo en este sentido sería «positivo», porque las medidas se adoptarían por «mandato legal», sin «interpretaciones», señalaba Cerrillo a Ep. Por ello esperan que entre las pretensiones del Gobierno esté incluir medidas en este sentido en el nuevo Plan de Infancia y Adolescencia.