Cien pruebas contra Oriol Pujol

Su declaración ante un juez en calidad de imputado es «esencial y necesaria», concluye el representante del Ministerio Público.

El informe que está estudiando la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cimenta con cien conversaciones y mensajes de móvil la comisión por parte del político nacionalista de un delito de tráfico de influencias: «Utiliza su cargo público en beneficio propio, lo cual supone una infracción del deber de probidad y honestidad que debe caracterizar a todas las autoridades y funcionarios públicos, con grave perjuicio para la Administración y para la sociedad en general», sostiene el fiscal.

La lógica de los acontecimientos apunta a que, efectivamente, la juez solicitará la imputación del secretario general de Convergencia, a quien el fiscal Maldonado sitúa en la cúspide, en lo más alto de la trama corrupta que pretendía hacerse con concesiones públicas de inspecciones energéticas de manera fraudulenta: «De las conversaciones intervenidas se desprende que coordina, dirige y ampara la actividad delictiva del resto de los ya imputados».

El informe del fiscal sobre el que se pronunciará la juez es muy minucioso a la hora de justificar las, a su juicio, actividades delictivas del político catalán: «Primero, el sr. Pujol es autoridad. Segundo, actúa con el propósito de obtener un beneficio económico. Tercero, influye en otras autoridades públicas prevaleciéndose de sus dos cargos».

Fernando Maldonado también torpedea una de las línea de defensa de los imputados, el hecho de que no consiguieran llevar a buen puerto sus propósitos, que terminaron cuando la investigación se filtró a la prensa como una deriva del caso Campeón.

Aun así, el fiscal argumenta que el tráfico de influencias es «un delito de simple actividad que no requiere para su consumación la obtención del resultado perseguido». Es decir, no consiguieron el latrocinio de lo público que pretendían, pero cometieron un delito intentándolo, un delito en el que abundante jurisprudencia demuestra que los tribunales han aplicado «un rigor inusitado al criminalizar un acto preparatorio».

La juez López Mejía también tiene sobre su mesa un exhaustivo listado de los pasos que dio Oriol Pujol en favor de la trama, desde el nombramiento de altos cargos afines, hasta su presencia y ánimo de lucro en la empresa de ITV que los detenidos habían creado. «Zumosol», «nuestro gran jefe», el «líder espiritual», como se refieren a Oriol Pujol en los pinchazos telefónicos de la Agencia Tributaria, está en el trance de una posible imputación por tráfico de influencias.