Bruselas vuelve a avisar: sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos

En una respuesta parlamentaria a la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, el comisario de Economía Paolo Gentiloni pone negro sobre blanco a lo que se enfrenta España si no ejecuta los compromisos acordados: «Si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago. El Estado miembro de que se trate dispondrá entonces de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos. Si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo».

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Susana Alcelay

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Una amenaza que se ciñe en este caso a las pensiones. En el documento se explica que «la Comisión señaló su preocupación por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del plan de recuperación y resiliencia », en referencia al componente 30 que trata de la sostenibilidad de las pensiones. Y entre sus preocupaciones está el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) ya aprobado, y la segunda parte de la reforma de pensiones.

El aviso de Gentiloni llega después de la visita que los 'hombres de negro' realizaron a España en septiembre, en la que trasladaron al Ejecutivo su preocupación por la solvencia del sistema de pensiones. Como adelantó ABC, la delegación europea informó a Escrivá de sus recelos respecto a la configuración del MEI como un mecanismo semiautomático y le reclamaron ajustes automáticos. Esto podría ser solo un reproche técnico, pero lo que le estaban diciendo los funcionarios a Escrivá es que querían garantías sobre cómo se asegura la sostenibilidad, saber cómo son la reglas y evitar diferir las soluciones de aumento del gasto a los gobiernos futuros. El mecanismo de equidad supone, en la práctica, un nuevo impuesto sobre el empleo que se cargará en la nómina de los trabajadores, de todos con independencia del nivel salarial, y que supondrá un 0,6% del sueldo -del que el empresario se hará cargo de un 0,5% y el empleado el 0,1% restante-. Comenzará a aplicarse en enero hasta 2032. Tras el toque de atención de la Comisión el ministro estaría trabajando en cambios en el mecanismo, que pasarían por ampliar más años su vigencia.

Pero la gran preocupación del Gobierno es que no prospere la segunda fase de la reforma que ya han rechazado los agentes sociales. La fórmula para asegurar las pensiones pasa por elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo, con la opción de ignorar los dos peores. La ampliación tendrá un periodo transitorio entre 2027 y 2038.

Además, Escrivá planea que las bases máximas suban cada año en función del IPC, más una pequeña subida anual, que correspondería al destope. Esta medida que el ministro pretende perpetuar se empieza a aplicar en 2023 cuando la base máxima de cotización llegará a 54.000 euros tras la actualización por la inflación de este año del 8,6%.

La subida de cotizaciones ha encontrado el rechazo frontal de la CEOE y la ampliación de los años que se tienen en cuenta para el cálculo no convence ni a la patronal ni a los sindicatos porque no es una medida que lleve el sello del Pacto de Toledo. A esta comisión han enviado al ministro para que logre un acuerdo político antes que social.

Así las cosas, Bruselas señala en la respuesta parlamentaria que en la evaluación realizada en su momento se dijo que «para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete habría que abordar el riesgo de una desviación presupuestaria significativa derivada de las medidas adoptadas y tenerlo también en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes». La Comisión avisa de que evaluará el cumplimiento de las reformas de pensiones que se hayan aprobado o se aprueben, una vez solicitado el cuarto tramo de los fondos europeos, que aún hay que solicitar a futuro.

Por el momento, el Gobierno ya ha solicitado el desembolso del tercer tramo de los fondos, lo que venían retrasando desde septiembre por el incumplimiento de los compromisos. Sin embargo, se pactó con Bruselas un mes más de plazo para la evaluación de los hitos y reformas adoptados, obteniendo el Ejecutivo más tiempo para llevar a cabo lo acordado.

Pero las pensiones no son el único foco de preocupación para Europa. En este último trimestre, Bruselas ha llamado la atención a España por la inoperancia del sistema de control y vigilancia de los fondos europeos. Algo sobre lo que alertaron también los 'hombres de negro' y una auditoría que se llevó a cabo, como desveló ABC.

Ese sistema, Coffee, es una herramienta que prometió poner en marcha Hacienda hace más de año y medio pero la realidad es que hoy no está operativo. Ese control de los fondos va enfocado a saber el grado de ejecución de los recursos comunitarios y a qué se dedica el dinero, para poder rendir cuentas ante la Comisión. La información, por ahora, se está recabando en formato excel.

Fuentes autonómicas denuncian que Coffee no está 100% operativo. En algunos departamentos sí que se pueden volcar los datos de ejecución, pero en otros es imposible, con lo que el Gobierno sigue sin saber el grado real de puesta en marcha de los fondos europeos. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, ha sido el dirigente autonómico más claro sobre la gestión que realiza el Gobierno. Ya advirtió de que Coffee no funcionaba y ayer volvió a insistir. Habló de «arbitrariedad» en la asignación de los fondos, de «decisiones unilaterales sin el menor atisbo de la llamada cogobernanza de la que tanto presume el Gobierno» y de «un sistema de gestión farragoso e ineficiente».