El Gobierno incumplirá el plan de recuperación si Europa no le concede más tiempo

Hasta la fecha, España ha recibido algo más de 31.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR); una prefinanciación y dos desembolsos previa solicitud. El Ejecutivo ha podido ir justificando los compromisos, reformas e inversiones que acordó para desbloquear el dinero comunitario... pero en algunos casos con asteriscos por no acometer un cumplimiento total sino parcial. Este es el caso de la herramienta de control y seguimiento de la ejecución de los fondos europeos, Coffee, que más de año y medio después sigue sin funcionar totalmente, tal y como ha venido informado este diario.

Ahora el Gobierno debe solicitar el tercer desembolso de los recursos 'Next Generation', que asciende a 6.000 millones de euros, pero es algo que todavía no ha hecho por el riesgo de que Bruselas recorte lo que le corresponde. Como avanzó ABC, la Comisión ya está diseñando el procedimiento para reducir los fondos que otorga a cada país en caso de que se incumplan. Y España, en ese sentido, está en la diana.

El Ejecutivo tenía que hacer solicitado ese tercer tramo en septiembre, pero ha ido dilatando la decisión. El problema está en que si esta ayuda no se reclama cierra la posibilidad de pedir el siguiente tramo, de 10.000 millones de euros.

Es por ello que aún el Ejecutivo no ha pedido esos otros 6.000 millones de euros, porque se arriesga a un recorte ante, entre otras cosas, la ineficacia de Coffee, que no está operativo completamente. El Ministerio de Asuntos Económicos informaba hace unos días de que próximamente realizarán la solicitud del dinero comunitario; en cuestión de un mes la Comisión Europea evaluará cómo está cumpliendo España, tras la solicitud, y seguirá realizando evaluaciones a futuro.

El Gobierno, así, tiene dos salidas frente al callejón en el que ha entrado estos últimos meses: intentar cumplir de manera acelerada con todos los hitos a los que se comprometió o pedir más tiempo. Y el Ejecutivo se inclina claramente por la segunda de estas opciones porque no llega en plazo.

En La Moncloa saben que su mejor baza es que Bruselas le dé un balón de oxígeno posponiendo el cumplimiento de ciertos compromisos. Por ejemplo, en el aire está la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe estar lista según la hoja de ruta pactada para finales de año y que aún no se ha ni siquiera empezado a negociar con empresarios y sindicatos.

Noticia Relacionada

Sánchez coloca a un afín al frente de la gestión de los fondos europeos

Paloma Cervilla

Dimite Rocío Frutos Ibor, la alta funcionaria encargada de supervisar la ejecución del plan de recuperación, por discrepancias con el Gobierno

Fuentes consultadas por este diario aseguran que el departamento que dirige José Luis Escrivá está esperando confirmación de que contará con más tiempo para poner en marcha los cambios más delicados de la reforma, entre los que se encuentra un destope de las bases máximas de cotización y ampliación de los años para calcular la pensión. Apenas queda mes y medio para presentar estas modificaciones a la Comisión y contar con más margen no le vendría mal al ministro Escrivá. No obstante, desde su departamento insisten en que en diciembre estarán listas las modificaciones que deben asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

¿Cómo se planea articular ese tiempo extra? Varias fuentes conocedoras confirman que el Ministerio de Asuntos Económicos planea realizar cambios en el plan de recuperación a través de la llamada adenda. Fuentes de ese departamento indican que el mecanismo de los fondos europeos permite realizar modificaciones en los plazos de cumplimiento, y a ello se agarran ante la falta de tiempo. A principios de mes España y Portugal reclamaron a la UE que flexibilizara los plazos en una declaración conjunta en la cumbre hispano-lusa, petición que ahora se oficializará en la presentación de la adenda.

Esta adenda se trata de un anexo al plan de recuperación pactado con Bruselas. Con ella se solicitarán los créditos blandos que corresponden de los fondos europeos, unos 80.000 millones de euros. En ese documento se prevé acometer todos los cambios de plazos necesarios para seguir accediendo a los desembolsos sin riesgo a recortes de fondos, pero eso es algo que deben refrendar tanto la Comisión como el resto de Estados miembros, indican fuentes financieras. Además, hay que tener en cuenta que una modificación de ese calado supone en buena medida darle un lavado de cara considerable a todo el plan de recuperación.

Incluir todo ello en la adenda es un reto para el Ejecutivo. Desde principios de año se ha trasladado que para antes del mes de diciembre estaría lista pero fuentes conocedoras del proceso indican a este diario que será muy difícil cumplir este compromiso y apuntan a que la presentación más bien tendrá lugar a partir de enero de 2023.

Además, las fuentes consultadas indican que la segunda parte del plan de recuperación cuenta con un mayor peso de inversiones que debe realizar España para acceder a la totalidad de los fondos europeos; los primeros años son más de reformas y los últimos, a partir de 2023, de acometer inversiones. Y en vista de cómo va la ejecución, las dudas son razonables respecto al cumplimiento de los hitos.

Relacionado a todo ello, en el Gobierno hay temor a que los cuellos de botella de los fondos europeos deriven en que no se pueda gastar todo lo presupuestado para 2022 y haya que traspasar recursos a 2023. Esto es algo que ya ocurrió en 2021 y que el Ejecutivo teme que se repita ahora.

Según el último informe de la IGAE, correspondiente a septiembre, de 28.447 millones de euros que hay en fondos para desembolsar este año, se han autorizado 21.557 millones. El Gobierno tiene unos tres meses para autorizar otros 7.000 millones de aquí a final de año para no tener que traspasar fondos al año siguiente. Sin embargo, que algo esté autorizado no significa que esté ejecutado. De hecho, de pagos realizados la cifra se queda en 6.347 millones de euros, evidenciando los problemas que tiene la Administración para llevar los recursos hacia la economía real. A todo ello se une que por la ineficacia de Coffee las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen muchas dificultades para notificar el grado de ejecución de sus proyectos, con lo que el Ejecutivo en realidad no sabe cuánto dinero ha llegado a la economía real.