Cargos de Hacienda ven «importantes dificultades» para aplicar el impuesto a los superricos

Cogido de la mano del Brasil de Lula presentó una iniciativa con la aspiración declarada de «impulsar un debate internacional para garantizar la progresividad y la eficiencia en todos los sistemas fiscales con el objetivo de reducir la desigualdad social en el mundo» y, evidentemente, «para ello se pone el foco en la tributación de los grandes patrimonios», según se recogía en el comunicado distribuido por el Gobierno ese día.

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Bruno Pérez

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La idea se inspira en el impuesto sobre la riqueza del 2% que el economista francés Gabriel Zucman ha planteado aplicar a los patrimonios de más de 1.000 millones de dólares para atajar la creciente desigualdad entre las rentas más altas y las más bajas que se aprecia en los principales indicadores internacionales, y que pasa por la improbable creación de un registro internacional de activos financieros a partir del cual se podría aplicar el impuesto.

Lo que los gobiernos de España y Brasil proponían para lograrlo era intensificar la colaboración internacional en el campo de la tributación de los altos patrimonios y facilitar las reformas fiscales nacionales en ese campo como banco de pruebas.

La iniciativa, que fue presentada en Sevilla por el número dos de María Jesús Montero, Jesús Gascón, encierra sin embargo según un primer análisis del área de la Dirección General de Tributos que se encarga de la fiscalidad patrimonial, publicado en el blog del Instituto de Estudios Fiscales, «importantes problemas» desde el punto de vista operativo.

«Esta propuesta afronta importantes dificultades», dice el responsable del área de Impuestos Patrimoniales del Ministerio de Hacienda de la propuesta de Impuesto a los Superricos de Zucman, que el Gobierno de España ha decidido apadrinar a nivel global, «como la determinación del patrimonio real de los superricos («levantamiento del velo» de las diversas entidades interpuestas entre los propietarios oficiales y el propietario real) y la necesidad de cooperación internacional para descubrir y registrar el patrimonio mundial de los superricos», sostiene.

No serían los únicos obstáculos a la hora de llevar a la práctica ese impuestos. Menciona también la dificultad de acordar métodos de valoración homogéneos a nivel internacional o la de determinar los impuestos sobre la riqueza ya pagados en cada jurisdicción que deberían descontarse de la cuota del impuesto global a pagar, lo que le lleva a concluir que «su efectividad es todo un desafío».

Lo que cuentan los precedentes es que los intentos para impulsar este tipo de figuras que requieren de una dimensión global para ser eficientes y efectivas no han terminado de cuajar. La Comisión Europea lleva cerca de treinta años intentando homogeneizar sin éxito la tributación del ahorro para evitar la competencia fiscal entre países, la base imponible común del Impuesto de Sociedades ha sido un quebradero de cabeza constante y cuando la OCDE ha conseguido consensuar un impuesto mínimo del 15% sobre las grandes multinacionales con un criterio común la llegada al poder de Donald Trump ha volado por los aires ese consenso.

Al Gobierno de España, no obstante, no le ha importado no contar con ese consenso para lanzarse a la aventura de poner en marcha impuestos sobre los que no se terminaba de lograr un consenso internacional o europeo, como ocurrió con la tasa Google, el impuesto sobre las ganancias que obtienen los gigantes digitales y otras empresas del negocio digital con determinados servicios; la tasa Tobin, que grava la adquisición de participaciones en grandes empresas cotizadas; y con el impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias empresariales.