Los 'hombres de negro' desconfían de la reforma de las pensiones de Escrivá y piden ajustes automáticos

Los funcionarios de la Comisión Europea aterrizaron el pasado lunes en Madrid con una misión clara: comprobar 'in situ' cómo marchan las reformas comprometidas por el Gobierno dentro del Plan de Recuperación y, más específicamente, la reforma del sistema de pensiones. Durante más de dos horas los técnicos de la Comisión se reunieron el lunes con los de Seguridad Social y ayer lo hicieron con empresarios y sindicatos.

La delegación europea fue exhaustiva en el detalle de los cambios operados en el sistema, pero puso la lupa en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la fórmula diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para sustituir al Factor de Sostenibilidad, un mecanismo de ajuste que introdujo la reforma del PP de 2013 que nunca entró en vigor y que ligaba las nóminas de los jubilados a la esperanza de vida.

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Susana Alcelay

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A los funcionarios europeos no les convence el mecanismo con el que Escrivá quiere asegurar la sostenibilidad de las pensiones. No le gusta que el MEI sea semiautomático y han reclamado ajustes automáticos para las pensiones. Esto podría ser solo un reproche técnico a los cambios diseñados por el ministro, pero lo que le están diciendo a Escrivá 'los hombres de negro' es que quieren garantías claras sobre cómo se asegura la sostenibilidad de las pensiones y que precise cuáles son las reglas y evite, por tanto, diferir las soluciones al aumento del gasto a sucesivos gobiernos.

El MEI salió adelante con el fuerte rechazo de los empresarios a una fórmula que persigue generar un colchón económico extraordinario que permita hacer frente a la jubilación del 'baby boom' con una subida de las cotizaciones que asumirán en su mayoría las empresas. El mecanismo consiste básicamente en un alza de las cotizaciones de 0,6% desde enero y hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva, que hoy apenas cuenta con 2.000 millones. ¿Cuánto se recaudará por este aumento de los impuestos al empleo? De los 50.000 millones planteados en un principio por el ministro se bajó hasta unos 22.000 millones, una cifra que la propia Comisión ve insuficiente para afrontar el pico de gasto en prestaciones por las jubilaciones de los 'boomers'. Solo para compensar a los jubilados por la desviación de los precios el Gobierno deberá desembolsar más de 17.000 millones de euros, teniendo en cuenta que las nóminas de los pensionistas subieron un 2% en enero y la inflación media se espera que termine en torno al 8%.

La hoja de ruta del mecanismo de Escrivá contempla que a partir de 2031 se producirá una revisión cada tres años para comprobar que el alza de las cotizaciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. En caso contrario, el gobierno de turno deberá disponer de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual. Si a partir de 2033 los informes de envejecimiento de la Comisión revelan una desviación de la previsión de gasto en 2050, se utilizará el citado fondo, con un límite anual del 0,2% del PIB. En caso de que el montante fuera insuficiente, Gobierno y agentes sociales negociarían reformas para contener el gasto que enviarían al Pacto de Toledo.

La visita realizada por los técnicos comunitarios ha tensionado al Gobierno, teniendo en cuenta que la delegación europea se tenía aún que pronunciar sobre la medida estrella de la reforma. Los funcionarios se fueron de España en octubre de 2021 rehusando realizar un análisis de los cambios a la espera de que pusiera en marcha un mecanismo de ajuste automático del gasto que sustituyera al frustrado Factor de Sostenibilidad en tanto esta no fuera completa. Las exigencias de Bruselas en este sentido no han cesado desde que el Gobierno de Sánchez acabara con el mencionado Factor y abriera las negociaciones con los agentes sociales para abordar los cambios.

Finalmente Escrivá puso en marcha el MEI, con gran disgusto empresarial, y a Bruselas no le gustó, como también dejó claro la Comisión en la declaración preliminar que dio paso al segundo pago de los fondos asociados al mecanismo de recuperación. «Las autoridades españolas han estimado que la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional será fiscalmente neutro», señalaban los funcionarios de la Comisión en ese documento difundido hace apenas dos meses, «mientras que los servicios de la Comisión consideran que probablemente llevará a un aumento significativo del gasto público sobre el PIB a lo largo del tiempo».

Esta era una segunda crítica sobre la reforma, ya que la Comisión ya había advertido al Gobierno de que la vinculación de las pensiones al IPC implicaría un aumento significativo del gasto, «lo que requerirá la introducción de medidas compensatorias que se adoptarán en 2022 con arreglo al Plan de Recuperación a fin de mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo».

Desde la Seguridad Social se asegura que están abiertos a realizar los cambios que suscitan las dudas de los funcionarios europeos, sin darle demasiada importancia. Estos cambios quedan, por tanto, pendientes, a las puertas de una segunda fase de la reforma, que, como adelantó este diario, estarán apoyados en un aumento de las bases máximas de cotización, que son las de los trabajadores con sueldos de más de 49.000 euros, y en los impuestos.

La idea del ministro es acometer este 'destope' de bases de forma 'suave', en unos 25 años, en los que también irá aumentando la pensión máxima, aunque no lo hará con la misma intensidad. A la par, los ingresos que se transferirán desde el Estado irán al alza. El techo de gasto, que sirve para elaborar el Presupuesto de 2023, incluye una transferencia a la Seguridad Social de 20.000 millones para cubrir los denominados gastos impropios, un 8,1% más.

Tras la renuncia de Escrivá a ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, el Ejecutivo da la espalda a la medida más esperada desde Bruselas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El único de los puntos incluidos en el componente 30 remitido a la Comisión Europea con las medidas a tomar en la Seguridad Social que estaba llamado a reducir la factura en pensiones finalmente no será ni de lejos lo vislumbrado por las autoridades comunitarias, que siempre han defendido está ampliación de los años como una medida para recortar gasto en pensiones.