España se enfrenta en diciembre a un recorte de fondos europeos que ya prepara Bruselas

Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras, la Comisión Europea está preparando ya un sistema de castigo para aquellos Estados miembros que incumplan lo acordado; esto es los hitos, reformas e inversiones. Bruselas ha puesto en marcha la maquinaria para diseñar un método de cálculo con el que poder cuantificar cuánto dinero se le retraerá a países que incumplan lo acordado, entre los que podría encontrarse España si no acelera ciertas medidas e inversiones.

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Susana Alcelay

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Este sistema servirá para cuantificar cuánto ha de retraer a cada país incumplidor. Que por cada medida incumplida se recorten los fondos a recibir en una determinada cantidad. Aun así, todo va a estar calibrado en función del peso y de la importancia del incumplimiento, es decir, que no sería lo mismo no aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones que no impulsar la rehabilitación de viviendas. Cada compromiso lleva, en función de su importancia, un recorte determinado.

Este sistema de sanciones a los países incumplidores es novedoso en el seno europeo. ¿Por qué? Porque habitualmente el resto de recursos provenientes de la Unión Europea no están sometidos al cumplimiento de hitos y objetivos. En otros casos se reparten fondos a los países en función de distintas variables y luego se comprueba que se han gastado en lo que estaba previsto, comprobando facturas por ejemplo.

Con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia la cosa cambia ya que hay una condicionalidad para recibir cada euro. De hecho, como recuerdan las fuentes consultadas, en el reglamento del Mecanismo de Recuperación ya se hablaba de que se recortarían recursos en caso de no cumplir. Lo que se dejó entonces en el aire fue la fórmula para poder hacerlo y eso es lo que ultiman ahora las autoridades comunitarias. Es en este momento en el que la Comisión se ha puesto seria con países como España, tal como se reflejó en la visita de los 'hombres de negro' a nuestro país, cuando transmitieron al Ejecutivo su preocupación por el hecho de que el 'maná europeo' no está llegando a la economía.

El diseño de este sistema de cálculo se produce en medio de la tormenta que sufre España por el caos en la gestión y seguimiento de los fondos, lo que obliga a Europa a acelerar también su puesta en marcha ya que este próximo mes de diciembre se producirá una nueva evaluación de ciertos hitos y reformas, entre ellas la de pensiones. Y el escenario no es el mejor. Varios son los hitos incumplidos y la segunda fase de la reforma de pensiones no gusta a los técnicos comunitarios, ni el mecanismo que sustituirá el factor de sostenibilidad, ni la renuncia del ministro Escrivá a ampliar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años. En Europa se asegura que la reforma planteada por el titular de la Seguridad Social no asegura la sostenibilidad del sistema, no introduce mecanismos de ajuste y sus cambios solo implican gasto.

No tranquiliza tampoco que el caos en la gestión se llevara por delante a la directora general del plan de recuperación, Rocío Frutos Ibor, quien presentó su dimisión por ese descontrol hace meses pero no fue aceptada hasta hace pocas semanas. El Gobierno ha colocado ahí a un afín de cuna socialista como Jorge Fabra.

La Comisión tiene la lupa puesta en cómo se gastan los recursos en nuestro país y en cómo se controla el destino del dinero. Para ello se incluyó el hito 173 en el plan de recuperación; este abarca la creación de una plataforma informática para hacer el seguimiento y control de los recursos que se van ejecutando por las distintas administraciones, tanto la central, como las autonómicas como las locales.

En un primer momento, el Gobierno dio cumplimiento parcial a ese hito al alumbrar la herramienta Coffee, donde las administraciones deben volcar sus cifras de ejecución. Pero solo fue capaz de crear la plataforma y no de ponerla en funcionamiento, algo crucial para que Bruselas siga desembolsando los fondos europeos.

De esta manera, la Comisión puso un asterisco al cumplimiento de España a la espera de que pusiera en plena funcionamiento Coffee. El problema radica en que el Ejecutivo, más de año y medio después, no ha podido conseguir que la herramienta esté operativa al 100%, como publicó ABC.

Este mes de diciembre se producirá una nueva evaluación de este hito, entre otros, para comprobar que pueden quitar ese asterisco, o no, al cumplimiento parcial. Para ello será fundamental que Coffee esté plenamente operativo y la realidad contra el Gobierno, en este caso, es tozuda.

Como adelantó este diario, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a solicitar estos días a las comunidades autónomas que, de forma urgente, rellenen sus datos de manera manual en formato excel ante la inoperancia de la herramienta informática. Todo ello, además, pese a que el departamento de María Jesús Montero comunicó hace escasas semanas que el programa de control ya estaba funcionando.

En caso de que el Gobierno no pueda arrancar al 100% la herramienta Coffee, España se arriesga a un recorte de fondos que deberá cuantificar la Comisión y que saldría de la nueva petición de fondos de 6.000 millones de euros que todavía tiene pendiente de solicitar España. De hecho, el Ejecutivo está retrasando esa petición ante la posibilidad más que real de sufrir un varapalo en ese sentido. Nadia Calviño ha anunciado en varias ocasiones que el Gobierno pediría estos recursos, pero nunca lo ha llegado a hacer.

Sin embargo, el hito 173 no es lo único que sería motivo de preocupación de cara a Europa. Entre otros asuntos, el Gobierno debe justificar que tiene ya adjudicados unos 1.200 millones en Perte. Estos se han concebido como los grandes proyectos tractores del plan de recuperación, fueron anunciados a bombo y platillo, pero las convocatorias parecen las grandes olvidadas.

Este escaso desarrollo plantea la duda de si España pueda cumplir con sus compromisos ya que por el momento solo está más avanzado el Perte del vehículo eléctrico, con una adjudicación definitiva de 880 millones de euros. Todos los demás proyectos tractores siguen en el aire a la espera de resolución final. Entre los más avanzados está el Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, pero no hay una previsión de que antes de final de año pueda estar adjudicado.

Y en el aire sigue también el Perte agroalimentario, en el que han puesto sus esperanzas muchas empresas, que esperan la convocatoria desde el mes de junio. Ahora, lo que les traslada el Gobierno es que la convocatoria se trasladará a 2023 y en el lado positivo explica que el proyecto recibirá más recursos públicos.

El problema de la lentitud de los Perte es algo que preocupa también en el ámbito y financiero. La banca y las consultoras llevan meses apoyando a sus clientes de cara a las posibles adjudicaciones de estos proyectos. En ellos en confiaba, pero en las entidades financieras y en las consultoras ya se han percatado de que la lentitud es un problema. Y no solo con los Perte, sino en general en términos de ejecución de los fondos europeos.