El fiasco en el sistema de control de los fondos: Montero pide con urgencia datos de ejecución a las comunidades

No es la primera vez que ocurre, aunque ahora es más grave, teniendo en cuenta que en diciembre el Ejecutivo debe rendir cuentas ante la Comisión sobre los reformas y los hitos puestos en marcha, entre ellos la herramienta informática, y se arriesga a perder los recursos que han sido concebidos para ayudar a mejorar el potencial de crecimiento de las economías europeas. A ojos de los técnicos de Bruselas esto no está ocurriendo en España, donde el proceso se ha demostrado falto de transparencia, empedrado de obstáculos para las empresas y con un complejo desarrollo para las comunidades.

Hace ya más de año y medio, el Ejecutivo debía tener operativo el sistema llamado Coffee para supervisar cómo se emplea el 'maná europeo' y dar explicaciones posteriores. Aquello fue un compromiso con la Comisión, uno de los hitos a cumplir para recibir el primer desembolso de los fondos europeos, el 173. Y se creó la plataforma, y España recibió los recursos, porque el diseño de la base de la herramienta respondía a los requisitos exigidos y también porque el Ejecutivo se comprometió a acelerar su operatividad. Pero desde entonces no ha logrado entrar en pleno funcionamiento.

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Ahora, el tiempo apremia y el Ejecutivo no ofrece soluciones a Europa, que ya mira con lupa a España por sus incumplimientos. Como ya informó ABC, el pasado 26 de septiembre un grupo de funcionarios de la Unidad de Control y Evaluación del departamento de asuntos económicos de la Comisión aterrizó en España para realizar lo que en el lenguaje comunitario se denomina una auditoría combinada, con el doble objetivo de, por una parte, fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión desarrollado por España para recopilar, almacenar, verificar y certificar de forma fiable los datos sobre la ejecución de los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas por el Reino de España, y, por otra, verificar el cumplimiento efectivo de media docena de estos hitos. Esta auditoría se realizó solo unos días después de que los 'hombres de negro' aterrizaran en nuestro país para mantener encuentros con el Gobierno y los agentes sociales, a los que manifestaron su preocupación por la gestión de los recursos y por el escaso impacto que estaban teniendo en la economía.

Hace escasas semanas, el Ministerio de Hacienda, encargado del proyecto, comunicó que Coffee ya estaba operativo. Sin embargo, como publicó ABC, varias comunidades se levantaron en pie de guerra para negar la mayor. Intentaron volcar sus cifras de ejecución pero no pudieron en muchos casos. Es aquí donde entra el caos en el departamento dirigido por María Jesús Montero. A principios de verano, según avanzó este periódico, la ministra solicitó a las comunidades que les enviara en un excel los datos de ejecución de sus proyectos financiados con los fondos 'Next Generation'. Apenas se dieron unos días para que las autonomías pudieran cumplimentar el documento remitido por Hacienda.

Ahora, la historia se repite. Según documentación del citado ministerio a la que ha tenido acceso este diario, Hacienda ha pedido a las regiones, una vez más, que le mande lo antes posible las cifras de cómo están gastando recursos comunitarios. Algo en lo que deben trabajar con unos pocos días de margen para que el Gobierno pueda cumplir con la rendición de cuentas de los datos que exige cada cierto tiempo Bruselas.

Esa petición de información, por ejemplo, se ha dado en el área de medio ambiente; Hacienda exige los datos con premura en el excel que se les ha facilitado estos últimos meses. Y así ocurre también con otros departamentos. Coffee sí que es cierto que está habilitada para todos los ministerios del Ejecutivo, pero las comunidades autónomas no pueden volcar sus datos si el Gobierno no hace su trabajo, denuncian fuentes autonómicas. Es decir, que si el ministerio en cuestión no ha habilitado ciertos sistemas para que las consejerías autonómicas puedan subir sus estadísticas, no hay nada que hacer. «La herramienta no funciona en bloque, solo para aquellos casos en los que el Estado ha terminado su parte y nos abre paso a las comunidades autónomas», relatan las fuentes consultadas.

Toda esta sucesión de problemas con la gestión de los fondos provoca que en estos momentos se desconozca, más de un año y medio después, las cifras de ejecución real de los fondos. Al no estar operativo el programa que mide esa ejecución, el Ejecutivo se limita a dar gasto comprometido, presupuestado, obligaciones reconocidas... un cúmulo de terminología administrativa pero dentro de la cual no se incluye el dinero exacto que efectivamente ha llegado a las compañías.

Así las cosas, Coffee viene generando problemas desde el primer momento. También en la adjudicación del contrato público que se hizo para su puesta en marcha. Del desarrollo de la plataforma se encarga la empresa privada Everis, mediante licitación pública. El contrato fue adjudicado por unos 630.000 euros, IVA incluido, en mayo de 2021. Sin embargo, fueron pasando los meses y nada hacía presagiar su pronta puesta en funcionamiento. De hecho, se ha modificado la licitación hasta en tres ocasiones. Una de esas modificaciones fue para incrementar el precio hasta los 730.000 euros, impuestos incluidos; las otras dos para ampliar o redistribuir los plazos de entrega de la plataforma, como publicó este diario.