Moncloa insta a los ministros económicos a aplicar medidas que eviten el paso por las Cortes

Esa es la consigna planteada a los titulares de los departamentos gubernamentales más vinculados a la economía: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el de Economía, Carlos Cuerpo; o la de Seguridad Social, Elma Saiz, cuya figura se ha visto vapuleada por el giro de 180 grados que ha dado con la subida de las cotizaciones de los autónomos esta semana. Ante la más que probable dificultad para sacar adelante una medida con aval parlamentario, los ministros optan por desguazarla y, en la medida de lo posible, aprobarla parcela por parcela en normas sin rango de ley.

En los despachos de todos estos ministerios se ha instalado la idea de que las iniciativas legislativas no van a salir adelante en las Cortes. Por la experiencia de los últimos meses. Y por los avisos que los grupos políticos, desde Junts hasta Podemos, lanzan continuamente ante cualquier iniciativa económica de Moncloa. «No se puede trabajar así, es mejor optar por las medidas que se puedan ir sacando», explican a ABC altas fuentes de esos ministerios. «Vamos viendo qué partes se pueden aprobar vía real decreto, pero no siempre está claro», afirman.

La única titular del gabinete de Sánchez que se encuentra al margen, por ahora, es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por una razón de peso: la vicepresidenta primera sigue pendiente de un proyecto de presupuestos que está a la espera de pasar su primer hito –el techo de gasto y deuda– y la aprobación de las cuentas públicas. Un trámite que, como mínimo, no culminaría ya hasta finales de año o bien entrado el 2026. Y sin presupuestos, por tercer ejercicio consecutivo, la alternativa sigue siendo gobernar de espaldas a la Cámara Baja.

La ministra que más sabe lo que es ver decaer su proyecto estrella de legislatura es Yolanda Díaz. Después de año y medio de negociaciones y trámites ejecutivos, la reducción de jornada a 37,5 horas fue vetada en las Cortes sin iniciar su tramitación. Como respuestas, Díaz anunció que iba «a la ofensiva». Y que lo que no pudiera aprobar por proyecto de ley o decreto, lo haría con otras herramientas. Dicho y hecho. A las pocas horas comenzó la tramitación del nuevo registro horario –una de las iniciativas incluidas precisamente en la ley de la jornada laboral–, con un real decreto que quiere poner en marcha cuanto antes, incluyendo más sanciones a las empresas que lo incumplan. Aunque la patronal duda de que sea legal cambiar los fichajes sin pasar por el Congreso.

La otra baza con la que juega Díaz es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la que quiere añadir esta vez la imposibilidad de que las empresas compensen ese alza con los complementos de la nómina de los trabajadores. La subida del SMI es directa. La absorción de complementos sí que tiene ser avalada por las Cortes. Le ocurre lo mismo que a la modificación del despido: fuentes del diálogo social admiten que esta medida tiene muy pocos visos de que sea respaldada por el arco parlamentario.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, también sufrió una dura derrota en el Congreso por el decreto ley de medidas urgentes como respuesta al apagón del 28 de abril. Ni siquiera la negociación in extremis con los independentistas de Carles Puigdemont consiguió sacar adelante la iniciativa. Desde aquel momento, el ministerio trabaja en varias direcciones para poner en marcha una parte de las medidas que sean posibles a través de reales decretos u órdenes ministeriales.

Por ahora, Transición Ecológica tiene en marcha o preparadas varias disposiciones urgentes en forma de real decreto vinculadas al almacenamiento eléctrico. Se trata de iniciativas aprobadas en real decreto, como el reciente que modifica el orden de prelación de tecnologías eléctricas o los mandatos a Competencia y Redeia para que modifique parámetros de tensión. También se trabaja en órdenes ministeriales, que tampoco tienen rango de ley, para realizar modificaciones puntuales sobre los puntos de acceso eléctricos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está pendiente de trasponer la directiva europea con la que se debe determinar si la capacidad de autorizar o prohibir fusiones bancarias recae sobre los supervisores y no sobre el Gobierno. Supone el cambio de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades. Aunque esa, junto a otras iniciativas similares que llegan desde Europa están siendo valoradas para determinar si es necesario el cambio de una ley o pueden solventarse con otras vías normativas.

Después del traspiés de los autónomos, que necesita el aval de las Cortes, la ministra de Seguridad Social tiene pendientes desarrollar el acceso a la jubilación anticipada para actividades penosas, una modificación legal que puede realizar el propio Ministerio. Ya hizo algo similar antes del verano cuando, en un real decreto, añadió la exigencia de un examen adicional de la reforma de las pensiones por parte de la Autoridad Fiscal.