Yolanda Díaz va a la «ofensiva» con un registro horario que suponga recortar de facto la jornada

El real decreto, que se encuentra en fase de consulta pública desde el día después de que el Congreso aprobase las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de las 37,5 horas con el voto de Junts, quiere aplicar la «objetividad», «fiabilidad» y «accesibilidad» en los fichajes. De esta forma, se intentará lograr el mismo efecto que tuvo en su momento la reforma laboral con el uso de los contratos temporales: que haya temor entre los empresarios a no hacer un registro con horas extra. «Sería aplicar la misma disciplina y rigor para cumplir con la legalidad», indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El departamento que dirige Díaz es consciente de la repercusión que tiene esta medida para las empresas, incluso por encima de las que habría provocado el recorte de jornada. «Si lográsemos tener un registro eficaz, fiable y que permita hacer una labor masiva de rastreo casi bajaría más la jornada efectiva de trabajo que el propio proyecto de ley de reducción de jornada» desde la 40 horas.

Trabajo sabe que cuenta con la baza de que para sacar adelante esta iniciativa no le hace falta pasar por el filtro del Congreso de los Diputados, donde las mayorías parlamentarias son difíciles de aunar. Ni siquiera ven en el ministerio trabas de otros departamentos del Ejecutivo para aprobar un nuevo registro, que tendrá que superar en cualquier caso órganos consultivos como el Consejo de Estado e incluso puede darse el caso de que también deba verse avalado por la Agencia Española de Protección de Datos. Y ahí reside una de las cuestiones que más pueden complicarlo jurídicamente hablando.

Varios bufetes de abogados ya han señalado que la cesión directa e instantánea de todos los fichajes a la Inspección de Trabajo puede vulnerar sus derechos de protección de datos. En este sentido, el Ministerio confía en que no será así. «No hay un problema adicional en este sentido», indican fuentes de Trabajo. «Habrá salvaguardas para el tratamiento autorizado de datos, para que no se usen con fines distintos a los que están pensados», indican.

Para los expertos legales, una cosa es ceder datos sin consentimiento por que la ley obliga a ello, como ocurre hasta ahora en registros de los que se vale Inspección de Trabajo procedentes de la Seguridad Social. Y otra muy distinta es que los inspectores accedan 'motu propio' a todas esas estadísticas que informan sobre la entrada y salida del trabajador así como su repercusión en la nómina, con las horas extra y otros conceptos personales.

Desde Trabajo asumen que la patronal recurrirá jurídicamente el texto del reglamento, como ha ocurrido en ocasiones con otras iniciativas que ha puesto en marcha el Ministerio en los últimos años. Aunque insisten en que les avala para llevar a cabo esta iniciativa la interpretación de la ley que hace el Tribunal Supremo con varias sentencias, así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que son las que –apuntan– obligan a que ese registro sea accesible fiable y objetivo, como apunta el Estatuto de los Trabajadores.

La intención de la vicepresidenta Yolanda Díaz es que el reglamento sobre el nuevo registro horario esté en marcha cuanto antes, aunque la complejidad de los plazos administrativos por los que tiene que pasar harán complicado que se encuentre activado antes de final de este mismo año. Será ahí cuando las empresas tengan que adaptar toda su estructura diaria para aplicar esta novedad.