La Seguridad Social necesita 28.000 autónomos más para cuadrar las cuentas de las nuevas cuotas

Con la congelación de cuotas para los autónomos que se encuentren en los tramos de rendimientos netos más bajos (quienes ingresan menos de 1.167 euros al mes) y la subida de entre un 1% y un 2,5% para el resto del colectivo, la Seguridad Social prevé ingresar 290 millones el próximo año. De ellos, 180 millones se explican por esos cambios en las cuotas sociales. Pero hay otros 108 millones que solo llegarán a las arcas del organismo si la afiliación media se sitúa entre 20.000 y 30.000 autónomos, con la cifra de los 28.000 como referencia, según los cálculos de ATA, organización presidida por Lorenzo Amor.

Esos autónomos extra necesarios el próximo año son los pequeños empresarios que precisa el sistema de forma neta. Es decir, el resultado de afiliaciones menos bajas que se puedan producir a lo largo de los 12 meses del próximo ejercicio. Porque la actividad del autónomo no es constante, sino con muchos altibajos, con picos de altas en determinadas épocas del año y sectores, así como reducción de afiliados en otras etapas del año.

El Gobierno no quiere ninguna reprimenda que le pueda llegar desde la Comisión Europea al seguir aumentando los ingresos del sistema. De hecho, fuentes de Seguridad Social consideran que el hito pactado con Bruselas se encuentra cumplido desde el momento en el que se aprobó la ley de 2022. La realidad es que la UE no vigila tanto que el sistema eleve sus ingresos, sino que fundamentalmente vela por la estabilidad de las cuentas públicas españolas en su conjunto. Con el matiz de que las de la Seguridad Social se llevan más de un 40% del Presupuesto General del Estado.

El Ejecutivo se ha cuidado de mantener altas las expectativas consciente de la atenta mirada de la Comisión Europea ya que el nuevo régimen de autónomos es una de las reformas planteadas ante Bruselas para conseguir la llegada de fondos europeos para la recuperación post-covid. Por ahora, el Ejecutivo no ve peligro en que la UE pueda lanzar cualquier tipo de crítica a España por no cumplir con esta normativa. Se aseguran más ingresos del RETA para 2026. Aunque deberá defender dentro de seis años si ha culminado correctamente la promesa ante Bruselas, aunque desde la patronal insisten en que el acuerdo del diálogo social no exige elevar año tras año las cotizaciones de los autónomos, sino equipararlas al nivel de ingresos de cada asalariado.

En cualquier caso, el acuerdo para las cuotas de 2026 aún no está cerrado. El cambio propuesto supone un punto de partida para poder negociar, aunque desde ATA –la asociación más representativa del colectivo– insisten en que antes de cuotas hay que tratar otros problemas que les acechan: el reconocimiento automático del paro de los autónomos, el denominado cese de actividad, que hoy se deniega en el 60% de los casos; o que las madres trabajadoras tengan derecho a la lactancia; y los mayores de 52 años el mismo subsidio que disfrutan ya los asalariados. No sin antes ajustar los problemas que se han detectado en la última regularización de cuotas con la que el 49,3% de los autónomos no se vio afectado por esta regularización; el 26,8% cotizó por encima de su tramo y un 23,8% lo hizo por debajo de sus rendimientos netos, con lo que tuvieron que abonar a la Seguridad Social.

La intrahistoria del giro de 180 grados que ha dado el Ministerio de Seguridad Social con las cotizaciones de los autónomos en una sola semana se explica por la insistencia de la titular del departamento, Elma Saiz, en poner encima de la mesa una propuesta de subidas de cuotas sin haberla consensuado antes con los agentes sociales. Y para sorpresa de algunos de sus compañeros de gabinete, atónitos ante la pretensión inicial y el frenazo posterior que ha protagonizado la ministra.

Antes de la primera reunión con la que se abrió el proceso negociador, el lunes 13 de octubre, Seguridad Social ya recibió advertencias sobre la necesidad de abordar en primer lugar la mejora de la prestación pendiente de los autónomos, así como a ajustar el proceso de regularización para evitar problemas futuros. Y solo después comenzar a dialogar sobre nuevas cuotas y tramos de rendimientos.

Sin embargo, el primer texto que el Ministerio puso en la mesa del diálogo social fue precisamente el que fijaba cómo podrían quedar las cuotas sociales del colectivo durante los seis próximos años. Esa propuesta, junto al impacto social que provocó en los días posteriores, sorprendió a buena parte de los ministros de la rama económica del Ejecutivo. Entre bambalinas comenzaron a moverse los compañeros del gabinete en una cuestión que podía provocar mucho impacto político para todo el Gobierno.

Tras protagonizar este giro económico, Saiz apunta ahora que «se va a dejar la piel» por alcanzar un acuerdo, una medida que debe estar aprobada antes del 31 de diciembre aunque el Gobierno aún no tiene amarrados los apoyos parlamentarios.