Milei se lanza a privatizar las empresas españolas expropiadas

Marsans comenzó a gestionar la aerolínea de bandera argentina en 2001 -anteriormente había pertenecido a Iberia- hasta que en 2009 el Gobierno de Kirchner propulsó una ley para devolver a la compañía al Estado. Años más tarde, en 2017, Argentina fue condenada a pagar 300 millones de euros a Marsans por expropiarla de manera injustificada, según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Hoy, la compañía sigue siendo propiedad del Estado argentino -es gestionada por La Cámpora, un grupo kirchnerista- que ha tenido que inyectar capital en la aerolínea en numerosas ocasiones para evitar su quiebra. La empresa acumula pérdidas año tras año y, con la crisis de la pandemia de por medio, el balance no ha hecho más que empeorar. Desde su nacionalización, la aerolínea suma un descubierto de alrededor de 7.300 millones de euros y, tan solo el año pasado, las pérdidas ascendieron a cerca de 230 millones de euros.

Son números rojos que levantan una gran polvareda entre algunos sectores del país del Cono Sur. Con ese pasivo acumulado, el mantenimiento de la compañía cuesta cada día a los argentinos un millón de euros. Solo en plantilla mantiene a más de 12.000 empleados para una flota de menos de 80 aviones, una cifra desorbitada comparada con el resto del sector. Por hacer una comparativa, Iberia, con el doble de aeronaves, tiene en nómina a alrededor de 17.000 trabajadores.

En este sentido, Milei incluso ha llegado a proponer que sean los trabajadores de la aerolínea quienes se hagan cargo de la compañía y compitan en una política de cielos abiertos (libre competencia con todas las líneas aéreas que quieran entrar en Argentina). En ese escenario, el nuevo presidente argentino cree que serán los propios empleados quienes acaben haciendo limpia de trabajadores. «Expulsarán a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar», dijo Milei en una entrevista a Radio Rivadavia.

Otro caso sangrante fue la expropiación de la petrolera YPF a Repsol en abril de 2012. Pocos días después, el Congreso argentino se llenó de piquetes, sindicalistas, organizaciones de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, agrupaciones como la mencionada La Cámpora, y cientos de banderas del país e imágenes de Cristina Fernández y de su esposo fallecido Néstor Kirchner para, en medio de un júbilo desbordado -también en las calles-, aprobar la ley que renacionalizaba YPF, la cual dio el primer paso para su privatización en 1991 cuando el presidente Carlos Saúl Menem convirtió esta sociedad estatal en anónima.

En el momento de la expropiación, Repsol YPF poseía el 51% de la petrolera que adquirió en 1999 por unos 15.000 millones de euros. Otro 25,5% estaba en manos del grupo Petersen, de la poderosa familia local Eskenazi. Cuando la petrolera española adquirió por sorpresa un primer paquete del 14,99%, los periodistas españoles que cubrían este sector se encontraban en Barcelona en una presentación de Gas Natural (hoy Naturgy) que presidía Antonio Brufau, que precisamente fue nombrado presidente de Repsol cinco años después.

A pesar de la euforia inicial de Fernández de Kirchner, que seguía el plan diseñado por su ministro de Economía Axel Kicillof, la petrolera nacionalizada redujo drásticamente sus inversiones y suprimió el pago de dividendos. A los pocos meses tuvo que buscar un acuerdo con la estadounidense Chevron, que prometió invertir 1.200 millones de euros, así como con la malasia Petronas, que destinó otros 450 millones de euros para extraer crudo no convencional en el famoso y enorme yacimiento de Vaca Muerta.

Aún así, no ha sido hasta el segundo trimestre de este año cuando la compañía que preside Pablo González, que también es diputado por la provincia de Santa Cruz, ha vuelto a exportar crudo después de 18 años. En 2022, la compañía tenía una deuda oficial de 5.800 millones de euros y obtuvo un beneficio de 2.000 millones. Su producción de hidrocarburos en 2023 es de 520.000 barriles diarios, solo un 6% más que en 2012.

Repsol obtuvo unos 6.000 millones de euros como compensación forzosa por el 51% expropiado y por la venta posterior de otros pequeños porcentajes. Sin embargo, la juez Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, sentenció en septiembre pasado que Argentina deberá pagar 14.700 millones de euros a los tenedores de las acciones que tenía Petersen. Es decir, la expropiación de YPF le va a costar unos 21.000 millones al Estado argentino de euros, cuatro veces más que su actual valor (5.000 millones).

Hay más empresas españolas con presencia en Argentina que permanecen ojo avizor a los movimientos del Gobierno que ya fragua Milei. Para David de Matías, director del Grado de International Business en UNIE Universidad, la victoria electoral de Javier Milei es un punto de inflexión para las empresas españolas en el país. «En términos acumulados, España es el segundo país inversor internacional solo por detrás de EE.UU. Pero, a pesar de toda la campaña que ha hecho Javier Milei, tenemos que mantener la calma y tomar decisiones guardando mucha cautela», explica el experto.

«Hemos de esperar a ver cuáles son las medidas concretas que Milei va a implantar y, lo más importante en términos de inversión, cuál va a ser la disposición de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en general, y para las españolas en particular», abunda de Matías, que recuerda que la inversión española ha ido menguando desde los 40.000 millones que había de exposición en la década de los 90 hasta los apenas 200 millones anuales de hoy.

Para el profesor y coordinador del grado en relaciones internacionales de la Universidad Europea, Frederic Mertens, esta nueva apertura al exterior de Argentina puede tener luces y sombras. Por un lado, piensa que la entrada de inversores extranjeros a las empresas públicas sirve para dinamizar el mercado. «Pero, en contraparte, la economía del país no tiene mucha fortaleza y muchas de sus joyas pueden acabar en manos de inversores extranjeros a no ser que haya una limitación al respecto del Gobierno argentino». Si estas privatizaciones no mejoran la situación económica de los ciudadanos, Mertens cree que puede haber una reacción en las calles. «También puede haber respuesta de una parte de la ciudadanía que ubica o centra su orgullo en esas joyas de la corona».