El Gobierno utilizará la financiación barata de Bruselas para entrar en empresas verdes y 'tech'

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la activación de la segunda fase del Plan de Recuperación, diseñado por el Gobierno y financiado con fondos europeos, y, por consiguiente, a la potencial movilización de los 93.000 millones de euros extra que Bruselas ha decidido poner en manos de las autoridades españolas de aquí a 2026, en forma de 10.000 millones más en transferencias a fondo perdido y 83.000 millones de préstamos blandos, que España tendrá que devolver a Europa en un plazo máximo de 30 años pero que le permitirán financiar proyectos y políticas en unas condiciones más favorables que las que obtendría el Tesoro Español en los mercados de capitales.

El Gobierno ha decidido encomendar la gestión de la parte del león de esa financiación barata, unos 40.000 millones de euros en total, al ICO. Ese dinero se repartirá entre cinco fondos y facilidades financieras que responden a las prioridades políticas del Gobierno, que también son las políticas prioritarias del Plan de Recuperación. Habrá 22.000 millones para la Facilidad ICO Verde, que canalizará recursos hacia proyectos de transición ecológica; otros 8.150 millones de euros para el ICO Empresas y Emprendedores, que fomentará el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial; el ICO Promoción de Vivienda Social, contará 4.000 millones para incrementar el parque público de vivienda social de alquiler a precios asequibles; el Fondo Next Tech -ya existente- estará dotado con 4.000 millones de euros para escalar proyectos tecnológicos; y el Fondo Spain Audiovisual Hub tendrá igualmente 1.712 millones para financiar proyectos relacionados con el pujante sector audiovisual español.

Se podrán utilizar para financiar proyectos empresariales, inversiones específicas, políticas de sostenibilidad, comprar títulos de deuda emitidos por empresas e incluso, detalló ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tomar participaciones directas en el capital de empresas.

"Se financiará la adquisición de participaciones en el capital de empresas, pero no para ejercer derechos políticos; el objetivo no es sentarse en los consejos de administración", aclaraban este martes fuentes del ICO, solo un día después de que el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, anunciara en el Mobile World Congress (MWC), la creación de una nueva empresa pública, la SETT, que entre otras cosas prevé aglutinar las participaciones del Estado en empresas tecnológicas con el objetivo, dijo el ministro, de "actuar como interlocutor único con los principales agentes nacional e internacionales".

Según fuentes del ICO, el 'modus operandi' en este caso será más similar al de un fondo de capital riesgo, que inocula financiación y acude a las rondas de financiación que abran las empresas en fase de crecimiento (startups o scaleups) y que pasado un periodo de maduración de unos diez años, ya con la empresa a velocidad de crucero, dejan paso a otro perfil de inversores.

El ICO aclara que todas las operaciones que se realicen, ya sea desde su fondo Axis o por otra vía, se harán junto a inversores privados y tendrán naturaleza puramente financiera. Los sectores objetivo son, básicamente, el tecnológico y el de las empresas del ámbito de la sostenibilidad.

Sin embargo, las dudas sobre la intención última de la entrada de capital estatal en las empresas, una operación que podrá hacerse hasta desde cuatro de los fondos gestionados por el ICO y que en ningún caso podrá sostener una participación pública superior al 49%, subsisten, ya que uno de esos instrumentos, el Next Tech, dotado con 4.000 millones, está llamado a formar parte de la nueva empresa pública del Ministerio de Escrivá.

Desde el ICO aclaraban este martes que serán ellos los que asuman todo el riesgo de las operaciones que se financien a través de los fondos bajo su gestión. Explicaron que la operativa será que el ICO solicitará al Tesoro los recursos que necesite de cada fondo en el momento en que se necesite financiar una operación -es decir, que el grado de utilización de la financiación barata proporcionada por Europa dependerá de la demanda real de esos recursos- y si esta saliera mal o no generara los recursos suficientes para devolver el principal invertido será el ICO el que asumirá la pérdida.

Como ya informó ABC, la maniobra del Gobierno de empaquetar los préstamos blandos concedidos por Bruselas en una docena de fondos, los cinco gestionados por el ICO, el Fondo de Resiliencia Autonómica que gestionará el BEI y otros seis fondos específicos, respondía a cubrir el balance del Estado ante cualquier contingencia que pudiera generarse por su gestión y a dar una agilidad en la gestión imposible dentro del corsé de los presupuestos del Estado.

Transferencia de riesgo