El Gobierno recupera el plan para evaluar a los funcionarios y «recompensarlos»

El proyecto, como entonces se puso como objetivo Escrivá, busca retener el talento público y para ello se propone «evaluar, recompensar y reconocer el desempeño» de los funcionarios. El plan prevé recompensar con un complemento de desempeño, y abordar de forma individual el «insuficiente rendimiento como parte de un enfoque coherente de la política de retención, al tiempo que se apoya al personal responsable de realizar las evaluaciones».

El texto de la reforma, de 173 páginas de extensión, detalla que este sistema de medición del desempeño se negociará en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado con vistas a implantarlo con un desarrollo normativo.

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Estas medidas han vuelto a poner en alerta a los funcionarios. El mayor sindicato en la Administración, CSIF, aseguró ayer a este diario que el Gobierno reitera la evaluación del desempeño como «herramienta penalizadora y/o sancionadora», después de afear las formas en las que fueron informados de una reforma del tal calado, poco después de que se diera a conocer a los medios de comunicación.

Función Pública pretende «identificar los factores que favorecen la permanencia del personal empleado público, atendiendo a la necesidad de asegurar una remuneración adecuada y equitativa, así como los incentivos de carácter no económico». Para ello explica que «se desarrollará el análisis y valoración de los puestos de trabajo del conjunto de la administración estatal con el fin de objetivar las decisiones relativas a la estructura retributiva contenidas en el proyecto de ley de Función Pública». El texto de la reforma añade también que «se identificarán los factores de carácter no retributivo que contribuyen a la permanencia».

A lo largo de sus casi 200 páginas, el Ejecutivo reproduce las ideas del hoy gobernador del Banco de España que no se llevaron nunca a cabo como la eliminación de la cita previa en toda la Administración, pero como novedad esboza un nuevo y ya polémico proceso de selección de personal que ha puesto en pie de guerra a inspectores, magistrados, jueces y policías, entre otros.

Los colectivos hicieron público un comunicado para avisar de que se pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por otros a la carta que, a su juicio, pondrán en peligro la preparación del funcionario y que «entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia». Para todos estos empleados públicos el consenso que da nombre al documento es inexistente, «en la medida en que no han tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema». Denuncian que disminuirá significativamente el nivel de exigencia y transparencia en la selección de personal.

Este también es uno de los puntos más polémicos de los cambios para el mayor sindicato en la Administración, CSIF, que, en declaraciones a este diario, reprobó la incertidumbre que genera y expresó sus temores a una politización del proceso, además de explicar que el alcance de los cambios es mayor al esbozado por el Gobierno.

La intención expresada por Función Pública, de forma atropellada y ambigua, es acabar con el proceso actual de selección de altos funcionarios, encuadrados en los grupos A1 y A2, para dar paso a otro nuevo con un doble proceso formativo, en el que habrá que superar una oposición y un curso de dos años con carácter eliminatorio, al que accederán más candidatos que las plazas convocadas y en el que Estado se quedará «con los mejores».

Pero un análisis más detallado del «Consenso para una administración abierta» intuye que ese proceso de selección se pretende aplicar a todas las escalas, también a la B, C1 y C2. Y así lo asegura también CSIF, el mayor sindicato de funcionarios a ABC tras alertar de la incertidumbre que genera el nuevo modelo que, entienden, perjudicará y ahuyentará al opositor y, por tanto, la captación de talento por ese doble sistema de selección que no garantiza la obtención de un puesto.

El plan del departamento que dirige Óscar López insiste en la idea de «reclutar y seleccionar aspirantes mediante procesos transparente, abiertos y basado en el mérito, a fin de garantizar un trato justo y equitativo, en particular mediante acciones que permitan divulgar ampliamente las oportunidades de empleo y garantizar la igualdad de acceso de todos los aspirantes debidamente cualificados». Alude a un proceso de selección de candidatos «riguroso e imparcial, basado en criterios y métodos apropiados para el puesto, y en el que los resultados sean transparentes y contestables».

Sin embargo, la central que dirige Miguel Borra no entiende que el proceso que se quiere poner en marcha lleve aparejado todas estas garantías que defiende el Ejecutivo. Asegura que los objetivos que se persiguen son «totalmente compatibles» con la regulación actual «y no haría falta plantear ningún cambio de calado, más que aplicar la normativa existente con rigor y realizar los procesos selectivos asegurando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con ejercicios adaptados a las características de los puestos a cubrir».

Para la central sindical se perjudica al opositor y, por tanto, la captación del talento por el sistema de selección que se pretende sin garantía de obtención de un puestos. Recalca que lejos de lo que se propone en el «modelo de selección para un empleo público proactivo, innovador e inclusivo» se conseguiría «la burocratización y complicación legal de los procesos selectivos, lo que va a traer como consecuencia que los buenos profesionales sean captados de manera directa y sin competencia por el sector privado».

Son muchas las dudas que genera este polémico proyecto entre los afectados. Los funcionarios denuncian que no se evalúa el impacto normativo ni económico, que desconocen en qué situación se encontrará el personal que supere la oposición y esté realizando el curso o segunda oposición, y en qué centros se impartirán los cursos y la formación continuada.

La financiación es una incógnita para CSIF y también qué tipo de evaluación se llevará a cabo en los cursos de selección para que no se vea comprometida la objetividad e imparcialidad. Recuerdan que «se debe ser muy escrupuloso» dado que al poder participar en la selección final actores fuera de los órganos de selección o tribunales, podría verse comprometida la imparcialidad.

Por último, explican que este proyecto de López no soluciona los «graves problemas» que tiene la Administración y citan el déficit de plantilla, como ocurre en el SEPE, y la temporalidad del 30%, uno de los motivos para que Europa recorte a España mil millones de fondos. Inciden en que es casi en agosto y los empleados públicos aún no han tenido subida de sueldo, en que los procesos selectivos son lentos y que la tasa de reposición impide reforzar las plantillas. Motivos todos ellos que llevarán a CSIF a convocar movilizaciones en septiembre.