Crece el malestar entre los funcionarios: sin subida de sueldo y con una temporalidad del 30%

«La situación es muy grave. Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5% que debe desde 2024; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. Calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones en concepto de atrasos y por la evolución del IPC», denuncia el sindicato. Su exigencia es que el Gobierno apruebe un decreto con el alza pendiente, como hizo en 2020 y 2024 y en marzo con el personal militar. «Próximamente, realizaremos una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López«, aseguran.

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Como ya informó ABC, la idea del colectivo es que los salarios del personal público se revaloricen cada año con el IPC más un porcentaje adicional, igual que ocurre con las pensiones para evitar así situaciones como la actual, en la que el alza de los funcionarios queda a expensas de los que decida el Gobierno. Para evitarlo, CSIF ha propuesto a los grupos parlamentarios que la nueva fórmula se recoja en una proposición de ley .

Junto a la revalorización de las nóminas garantizada cada ejercicio, los funcionarios demandan negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición y la jornada de 35 horas, así como la implementación de carrera profesional en todas las administraciones y el teletrabajo. Entre sus peticiones también está la mejora de las condiciones de jubilación del régimen general y clases pasivas y una «regulación inmediata» para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial.

El otro foco de conflicto es la elevada temporalidad que existe en la Administración. Denuncian los funcionarios que la precariedad se ha estancado en el 30% superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y el objetivo recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021 -es el doble que en el sector privado-. Aseguran que el incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria. «La temporalidad del 30% evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad», dice la central de funcionarios.

Por último, aseguran los funcionarios que el sector público ha perdido 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que supone prácticamente toda la ocupación perdida en términos netos en los primeros tres meses del año en conjunto del mercado laboral. Avisan que supone la mayor destrucción de empleo de la serie histórica de la EPA. «Desde el segundo trimestre de 2003, cuando se produjeron recortes para reducir el déficit público y privatizaciones, no se había producido una destrucción de empleo similar; ni siquiera en 2013, cuando -denuncian- se vivió uno de los peores momentos de la crisis financiera global«.

Dice la central que más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30% de la plantilla actual de la Administración General del Estado, «lo que nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes». Explican que pese a las ofertas de empleo público de los últimos años, la destrucción de empleo producida en este trimestre supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la Administración General del Estado.