Cinco años de IMV: caos en la gestión, demora en los pagos, y en el punto de mira de Europa

Tras un lustro en vigor, el Ejecutivo puso en marcha toda la maquinaria para ensalzar todos los beneficios y el alcance que ha logrado esta ayuda. El presidente del Gobierno celebró a finales de mayo los resultados de la apuesta del Ejecutivo por las políticas ligadas al escudo social y defendió que esta prestación ha reducido las tasas de pobreza y la desigualdad a mínimos históricos. «Gracias al ingreso mínimo vital, España -explicó- está saldando una deuda histórica».

Pero la realidad de esta ayuda es bien distinta. No llega a todos los potenciales beneficiarios, la gestión, que está descentralizada, es compleja y ahora está siendo también objetivo de una investigación por el Consejo de Europa, el mismo que ha estimado que las indemnizaciones por despido improcedente en España no son «suficientemente elevadas» ni «disuasorias» para los empresarios.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa va a tener que dirimir si la renta mínima es discriminatoria, después de aceptar a trámite una denuncia colectiva que cuestiona su regulación, y acusa a la normativa española de contravenir la Carta Social Europea. La demanda sostiene que la prestación no llega a las personas que más lo necesitan, y también exige que se paralicen las reclamaciones de los pagos indebidos desde el año 2020 por la Seguridad Social a familias vulnerables, que son las que perciben este subsidio dirigido a paliar situaciones de pobreza severa. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alzado también la voz para denunciar el requerimiento de estas ayudas, que cifró en más de 500 millones de euros.

El pasado año este organismo hizo llegar a la Administración una petición para que en los procedimientos de reclamación, no sólo en IMV, se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas familias, y para que no se les exija la devolución de las cantidades percibidas que en muchos casos les hace endeudarse de por vida.

ATD Cuarto Mundo Internacional es la ONG que ha presentado la denuncia ante el organismo europeo, en la que se señala que la cuantía del IMV es «inadecuada» y que las condiciones para su concesión «excluyen a parte de la población necesitada». También se estudiará por el Comité la crítica sobre los plazos y cómo el sistema de recuperación de las prestaciones «indebidamente» abonadas afectan especialmente a los hogares pobres.

El problema que está ocurriendo con el IMV y los pagos es que existe un decalaje de años entre los datos administrativos de renta y composición familiar que Seguridad Social tiene en cuenta para conceder o no la prestación y la situación actual de la unidad familiar, lo que ha estado provocando que se produzcan pagos a beneficiarios que sobrepasen los requisitos en la fecha en la que reciben el ingreso mínimo y la administración les termine exigiendo las cantidades que no les corresponden cuando revisa si se cumplen los requisitos.

Pero los efectos de estas reclamaciones están siendo muy cuestionados, mientras la Administración calla. El Defensor del Pueblo ha advertido que estas revisiones anuales sufren a menudo «demoras en tramitar los expedientes». «La deuda generada se acrecienta en buena parte por la lentitud de la Administración a la hora de resolver y tramitar el procedimiento de reintegro», critica la institución pública.

¿Cuál es hoy el alcance real del IMV? Según los últimos datos disponibles, del mes de abril, beneficia a 2,2 millones de personas, que residen en alguno de los 720.000 hogares que reciben la prestación. Datos muy significativos para el Gobierno que cuestionó el último informe de la Autoridad Fiscal, en el que se apuntaba que el IMV apenas llegaba a un 36% de los potenciales beneficiarios. La prestación promedio es de 505 euros por hogar.

«El IMV ya no es una respuesta de emergencia, es una política pública sólida, viva y necesaria que seguirá evolucionando para proteger mejor a quienes más lo necesitan, para combatir la pobreza y la exclusión social en nuestro país», dijo hace unos días la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre una ayuda que ha estado rodeada de polémica desde que prácticamente comenzó a rodar. Desató mucha tensión en el Gobierno de coalición pero permitió al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y a su formación, Podemos, sacar músculo por la autoría de una renta mínima que se encargó de desarrollar el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Otro epicentro de crítica con la gestión de la ayuda viene de los funcionarios encargados de realizarla. Fuentes de CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración, destacan su complicado seguimiento, por una tramitación descentralizada, y reconocen demoras en los pagos, que pueden llegar a un año en el caso, por ejemplo, de Huesca o a 160 meses en Lugo.

La central que dirige Miguel Borra teme también las consecuencias que puede tener el hecho de que los 2.500 empleados públicos que se asignaron para gestionar esta ayuda causen baja este mes y tomen posesión de la plaza los opositores que la lograron. Explican a este diario que tramitar esta ayuda necesita de un proceso de formación previo y que los que se incorporan a su nuevo empleo necesitarán tiempo.