El Gobierno se queda sin tiempo para aprobar las reformas prometidas a Bruselas

Un año después de acceder a los fondos de recuperación europeos, el calendario está a punto de quedar en papel mojado. Porque el Gobierno se comprometió a sacar adelante la ley de vivienda en las Cortes durante el tercer trimestre de 2022. Falta apenas una semana para que finalice este trimestre y el anteproyecto de la norma sigue estancada en la negociación de las enmiendas. Todavía tiene que ser refrendada por el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Gobierno estableció en febrero que el anteproyecto se tramitase por el procedimiento de urgencia para intentar apurar los plazos, pero ahora todo apunta que no llegará a tiempo. Sobre todo, porque la negociación de los socios de gobierno sobre las enmiendas que se incluyen en la norma se ha extendido más de lo previsto. Un hecho que ha evidenciado las discrepancias que mantienen PSOE y Podemos en materia de vivienda.

Los morados insisten en tres enmiendas que consideran imprescindibles: extender los controles de precios a los pequeños propietarios, blindar la prohibición de los desahucios de colectivos vulnerables y la salida al mercado de las viviendas vacías de la Sareb. Tres aspectos que desde Unidas Podemos consideran imprescindibles y que son todavía inasumibles para la parte socialista, que teme una batalla judicial contra propietarios y oposición. A ello se une que los partidos nacionalistas recelan de la norma porque, en su opinión, invade competencias autonómicas. Y su apoyo es fundamental para sacar adelante la reforma.

La compleja negociación entre el Gobierno y sus socios ha provocado que el Ministerio de Transportes haya tenido que rebajar sus aspiraciones respecto a los plazos de aprobación de la reforma, dando por hecho que su aprobación definitiva (si llega a producirse) será a finales de año.

La ley de vivienda no es, sin embargo, la única reforma que amenaza el calendario pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea. En materia de pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trabaja ya en el proyecto que deberá enviar a las autoridades comunitarias antes de que acabe este año para completar la reforma del sistema de pensiones. Una propuesta espinosa, ya que si bien la primera parte de la reforma se centró en el gasto esta se centrará en garantizar los ingresos del sistema.

Los funcionarios de la Comisión Europea ya han dejado claro al Gobierno, durante la visita producida a principios de esta semana, que no les convence el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la herramienta a la que Escrivá fía la sostenibilidad del sistema.

Durante 2023 debería producirse una nueva avalancha regulatoria, porque el Gobierno se comprometió a tener listas el año que viene leyes como la de la reforma de la administración pública, la ley de movilidad sostenible (donde el Gobierno prometió en un principio incluir los peajes en las autovías) y la reforma fiscal, la más ambiciosa de todas. Una norma de calado en la que Bruselas insiste, que debería aprobarse en pleno ejercicio electoral y que tendrá que salvar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

Asimismo, en el aire todavía está un proyecto importante en el Ministerio de Asuntos Económicos para la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, un nuevo supervisor financiero para controlar a la banca. El proyecto de ley debería haber llegado en 2021 y lo ha hecho en los primeros meses de 2022. Y, según se comprometió con Bruselas, su adopción en Cortes debería ser antes de acabar 2022, un plazo casi imposible de cumplir ya que todavía ni ha pasado del Consejo de Ministros.