La Sareb de Calviño legalizará a sus okupas con alquileres sociales

La entidad, que fue creada en 2012 para absorber los activos problemáticos de la banca y ahora tiene más del 50% en manos públicas, anunció el miércoles «un nuevo modelo de gestión de las familias vulnerables» que viven en sus pisos. «Este nuevo esquema entrará en vigor de manera progresiva en los próximos meses e incorporará gestores especializados en mediación y alquiler social. El objetivo será trabajar progresivamente con las cerca de 9.800 familias que ya habitan en viviendas de Sareb y que podrían acceder a un alquiler social o asequible», comunicó.

En esas familias se incluyen tanto aquellas que ya tienen un alquiler formal, como aquellas que residen en «viviendas conveniadas». Pero no queda ahí, ya que entre las casi 10.000 están también «familias vulnerables» que okupan ilegalmente , según confirman a ABC desde el 'banco malo'. Sin embargo, desde la entidad no informan de cuántos inmuebles están okupados, aunque fuentes financieras reconocen que se trataría de un número nada desdeñable ya que la Sareb lleva sufriendo durante años este tipo de prácticas.

«Junto con este alquiler asequible y social, se pondrá en marcha un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado de la mano de expertos en la gestión de la vulnerabilidad con presencia local que aportará cercanía e interlocución directa», incidió la firma, al tiempo que afirmaba que colaborará especialmente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá.

Asimismo, para la configuración de este nuevo esquema Sareb ha seleccionado a la empresa Servihabitat , que complementará su actuación con una alianza estratégica con Sogemedi y Gesocin, proveedores de servicios sociales con experiencia en mediación, seguimiento y reinserción laboral.

Este 'modus operandi' de legalizar a los okupados ofreciéndoles alquileres sociales es nuevo en el sistema de gestión de la Sareb , frente a lo realizado anteriormente. En los últimos años ha seguido diferentes soluciones para tratar de hacer frente a este problema: desde vender a fondos de inversión carteras enteras de inmuebles okupados, hasta acudir a la vía judicial, con diferentes resultados.

El punto diferencial ahora es que es el Ejecutivo el que marca las pautas de actuación al haber tomado el control de la entidad. En enero de 2021 ya se anunció que el Estado buscaría hacerse con un porcentaje del capital social que le permitiera superar el 50% del accionariado. Antes de eso, el 54,1% estaba en manos de bancos y aseguradoras y el 45,9% en manos del FROB , es decir, el Estado. Ahora ya suma más de la mitad del capital tras haber adquirido el 4,24% de la entidad al sector privado que ha aceptado su oferta. El segundo accionista sigue siendo el Santander con el 22,21% y en tercer lugar aparece Caixabank con el 12,24%.

El movimiento para controlar la Sareb lo justifican en el Gobierno con que lo más sensato es que sea el Estado el que tome las decisiones ya que Eurostat obliga ahora a España a contabilizar como pública la deuda del 'banco malo'. Y en ese escenario el Ejecutivo no estaba dispuesto a sumarse la deuda sin ser el accionista de control.

Al momento de anunciar esto también se dio a conocer la modificación del régimen jurídico de la entidad para permitir incorporar también «el impacto social dentro de los criterios de maximización de valor de la acción». En suma, reforzar la labor social de la compañía una vez el Estado fuera accionista de control. «Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar la utilidad social», informó el Ejecutivo.

Pese a que el Gobierno se escudó entonces en la decisión de Eurostat, lo cierto es que 'nacionalizar' la Sareb supone también allanar el sueño de Unidas Podemos de tener una entidad destinada a gestionar alquileres públicos. Porque el 'banco malo' aún tiene miles de viviendas en cartera.

De hecho, la Sareb incorporó recientemente a Pau Pérez de Acha como director de Gestión de la Vivienda Asequible y Social y Relaciones Institucionales, quien tiene postulados favorables a la vivienda pública y social, y además es ex del PSC , la rama catalana socialista. «Sareb sigue trabajando día a día con la Administración Pública para ayudar a constituir y consolidar un parque público de vivienda de alquiler sostenible en el tiempo que permita dar soluciones a las familias vulnerables», afirmó.

Así, hacia ese objetivo se ha dado un paso al fortalecer la labor social de la entidad. Aun así, en teoría, la compañía está llamada a desaparecer en 2027, tal como se configuró en 2012, con lo que todos los activos inmobiliarios deberían estar liquidados para esa fecha.