Fedea estima que la ejecución real de los fondos europeos es inferior a lo que sugieren las cifras oficiales
Advierte de que el circuito de transferencias de fondos a comunidades autónomas y organismos estatales ralentiza la aplicación efectiva de los recursos
Concluye que las reformas asociadas al Plan de Recuperación están siendo «poco ambiciosas» y adolecen de «una deficiente calidad técnica»
Madrid
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Iniciar sesiónLos últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al cierre presupuestario del pasado mes de julio, indican que a esa altura el Gobierno ya había comprometido de manera efectiva la aplicación de unos 9.500 millones de euros de los cerca ... de 28.500 millones de fondos europeos presupuestados para el ejercicio de 2022. La cifra se corresponde con lo que se denominan 'obligaciones reconocidas', que son las cantidades que el Estado se ha comprometido de forma definitiva a aplicar a una determinada política y cuya evolución se tiene como el termómetro más fiable para medir la ejecución presupuestaria - más aún que los pagos efectivamente realizados que en algún caso no se desembolsan hasta finalizada la obra o la prestación del servicio-, y traslada un porcentaje de ejecución a esa altura del 33%, ya superado el ecuador del ejercicio.
¿Significa eso que esa cantidad ilustra el dinero ya ha llegado a sus destinatarios últimos y que, por tanto, ha contribuido a dinamizar la actividad económica? Pues parece que no. Un informe de seguimiento de la gestión de los fondos europeos difundido este lunes por Fedea, uno de los institutos de análisis económico más prestigioso del país como lo demuestra que sea uno de la media docena escasa de 'think tanks' que organismos internacionales como la Comisión Europea o el FMI consultan de forma regular para armar sus informes sobre la economía española, sugiere que esa cifra sobrevalora de algún modo la ejecución real de los fondos ya que incluye los recursos que han salido de la caja del Estado no en dirección a sus destinatarios últimos sino en dirección a las comunidades autónomas u organismos estatales que después tendrán que distribuirlos entre los beneficiarios finales.
«En muchos casos, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes", explica el informe. "Conviene, por tanto, distinguir entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva o gasto final de los fondos del Mecanismo de Recuperación, reservando este último término para los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras de las inversiones licitadas, mientras que el primero correspondería a transferencias de fondos entre administraciones o entidades del sector público de camino a ese destino final".
La diferencia no es menor. Según las estimaciones de Fedea, para el ejercicio de 2021 mientras que el balance oficial de ejecución del Ministerio de Hacienda mostró un volumen de obligaciones reconocidas de más de 20.000 millones de euros, lo que implicaría un porcentaje de compromisos efectivos sobre lo presupuestado del 82%, la estimación de ejecución definitiva elaborada por el instituto dejaría esa cifra en 6.545 millones y el porcentaje de ejecución en el 27%. Fuentes de Fedea aclaran que esa brecha no implica que la Intervención del Estado - el órgano de Hacienda que se encarga de recopilar esa información- esté recogiendo mal los datos, sino simplemente que la fotografía que proporcionan estos no da una imagen lo suficientemente ajustada de la ejecución real de los fondos europeos.
El enrevesado circuito de los fondos europeos
¿Por qué? Porque una parte muy importante de esos 20.000 millones cuya aplicación ha avalado el Estado (más de 19.000 millones, en realidad) corresponden a fondos que han sido transferidos no a sus beneficiarios finales sino a otros niveles de la Administración que, a su vez, tendrán que activar los mecanismos administrativos necesarios para adjudicarlos a sus usuarios finales, lo que genera retrasos en la ejecución real de los fondos y en su llegada a la economía real.
El fenómeno también se observa este año. Mientras los datos de Hacienda a mitad de ejercicio revelaban unas obligaciones reconocidas por parte del Estado de 4.700 millones de euros, la estimación de ejecución real de Fedea rebaja esta a menos de 1.500 millones de euros, menos de una tercera parte de la ejecución que sugieren las cifras oficiales, por el efecto de ese circuito de transferencias desde el Estado hacia otras instituciones públicas.
El Ministerio de Hacienda está encontrándose con ciertas limitaciones a la hora de realizar el seguimiento de los fondos europeos. No ha logrado poner en marcha el sistema informático que debe automatizar la recepción de información de las administraciones territoriales y eso está complicando sobremanera la realización del seguimiento de la ejecución de los fondos, ya que deja al Gobierno sin información actualizada sobre la ejecución en las comunidades autónomas, gestoras de cerca de la mitad de los recursos totales. Una carencia notable a la hora de medir su ejecución real.
Motivos para la preocupación
La conclusión de Fedea es que la ejecución de los fondos europeos hasta la fecha «ofrece motivos para la preocupación» pese al esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas por el ritmo de aplicación de los fondos y por lo ajustado del calendario que exige al Gobierno haber aplicado el 70% de los recursos concedidos a fondo perdido antes de final de año.
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El laboratorio de ideas expresa también su preocupación por las reformas abordadas desde el Gobierno, que considera poco ambiciosas y en algunos casos adolecen de una «deficiente calidad técnica». En este ámbito, el instituto que dirige Ángel de la Fuente señala de forma particular a la reforma de las pensiones, de la que dice que ofrece dudas sobre el cumplimiento del objetivo de garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, como ha subrayado Bruselas en el informe que avaló el segundo pago a España, y cuyos últimos hitos, la regulación de los planes de pensiones de empleo de gestión público y el nuevo sistema de cotización de los autónomos, tampoco han ido bien encarrilladas.
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