El Gobierno se expone a una dura batalla judicial con BBVA por intervenir en la opa al Sabadell

El Consejo de Ministros comunicó el martes que había decidido imponer como condición a BBVA la prohibición de fusionarse con el Sabadell. Tres años de veto, ampliables otros dos más, pero que en realidad, como dicen fuentes financieras, eso dependerá del gobierno que haya en cada momento, con lo que el plazo sería variable. Esta decisión supone fijar condiciones más duras que las adoptadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el amparo legal de enmendar a esta institución radica el problema jurídico.

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Daniel Caballero

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BBVA sostiene que la ley de defensa de la competencia no habilita al Gobierno a imponer más condiciones o más duras tras la resolución de la CNMC. El banco vasco reconoce que la normativa da al Consejo de Ministros la posibilidad de intervenir, pero solamente para suavizar o mantener las condiciones, y no para lo contrario, que es precisamente lo que ha hecho el Ejecutivo.

En el Gobierno, en cambio, no tienen dudas de que la ley les habilita a fijar más condiciones siempre que utilicen criterios de «interés general» y no relacionados con la competencia. Precisamente, preguntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre el amparo normativo de su intervención respondió que están cubiertos a nivel legal.

De todas formas, el convencimiento del ministro de que han seguido la normativa tal como ellos la interpretan no les exime del control judicial. BBVA puede plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para intentar tumbar la decisión del Consejo de Ministros. El banco vasco reconoce que esa posibilidad está sobre la mesa.

«El Consejo de Ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia», recoge la ley. Y añade que el Gobierno podrá confirmar la resolución de la CNMC o «acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones». Esta última frase ambigua deja en el aire todas las posibilidades y expone al Ejecutivo a una batalla judicial con el banco. Entre los analistas hay grandes dudas sobre el margen que tiene el Gobierno.

En el acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno destaca que la redacción de la ley les permite fijar condiciones distintas a las de Competencia. Para afirmar esto, el Gobierno apunta a informes de la Abogacía del Estado. Y en el mismo acuerdo que se adoptó este pasado martes se apunta a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se recoge que «resulta coherente que sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros». El Ejecutivo interpreta esto como que el Consejo de Ministros es «una última instancia de protección, garante de las razones de interés general».

BBVA, en cambio, apunta a otros argumentos. Por una parte, igual que señalan analistas, creen que el espíritu de la ley de defensa de la competencia sería el de permitir al gobierno de turno suavizar condiciones de la CNMC que pudieran hacer descarrilar una operación que tuviera sentido para España, y no al contrario. Por otra, señalan al dictamen del Consejo de Estado de 2006 previo a la aprobación de la normativa. El dictamen de la institución consultiva apuntó a que el Gobierno no puede «imponer más condiciones que las previamente fijadas por el consejo de la CNMC, de manera que solo podrá eliminar las condiciones impuestas o suavizarlas». Y destacaba que esto se «deriva de la propia lógica del anteproyecto, que parte de la idea de que el Consejo de Ministros puede autorizar lo que prohíbe la Comisión pero no puede prohibir lo que ella autoriza».

Más allá del recurso al Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez también se expone a problemas con la Comisión Europea. Bruselas ha advertido en múltiples ocasiones al Ejecutivo español de que no debe intervenir en operaciones como esta.

El Consejo de Ministros, a la vista de lo sucedido, hizo caso omiso a los avisos de Bruselas. Tras la intervención, fuentes comunitarias señalaron a ABC que «toman nota» de la decisión del Gobierno y que, «si es necesario, la Comisión utilizará sus competencias como guardiana de los tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembros». Asimismo, España se expone a un procedimiento de infracción que pudiera abrir la Comisión Europea.