Bruselas advierte al Gobierno por la opa de BBVA: «Si es necesario, eliminaremos cualquier restricción injustificada»

«Tomamos nota de la decisión del Gobierno español», informan las fuentes de la Comisión Europea, que aunque añaden que no entran a comentar casos individuales, acto seguido sí que destacan «que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público». Un tono duro por parte de las autoridades comunitarias, que van al choque contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Daniel Caballero

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Bruselas insiste en que «un sector bancario fuerte en la UE y un mercado único que funcione correctamente generan crecimiento y beneficios para los ciudadanos y las empresas, y los protegen a largo plazo». Asimismo, igual que argumenta el BBVA en múltiples ocasiones, «los bancos de mayor tamaño pueden invertir en digitalización y ofrecer mejores servicios, incluidas condiciones de préstamo a mejores precios, a los hogares y ciudadanos». Pero todo eso no parece haber convencido al Gobierno español que, en base al interés general, ha decidido vetar la fusión de BBVA y Sabadell para que ambas entidades tengan que permanecer separadas durante al menos tres años.

No es la primera vez que Bruselas lanza advertencias por esta misma razón al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta es la tercera ocasión en que vierte amenazas al Gobierno español. La primera de ellas llegó hace algunas semanas, después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevara la opa de BBVA a Consejo de Ministros.

Entonces, la Comisión advirtió de que pueden «usar sus poderes» contra la intervención del Gobierno en la operación ya que entienden que, tras pronunciarse el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de competencia, el Ejecutivo no tiene nada que decir.

Este mismo lunes, la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, volvió a lanzar un aviso a La Moncloa. En público, la comisaria insistió en que el Gobierno no debe intervenir en esta opa. Y finalmente el Ejecutivo ha hecho caso omiso a todas las alertas.

Por su parte, poco antes de conocer la decisión del Ejecutivo, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos advertía de que «la credibilidad del discurso de la integración europea sufre» al no ser compatible con este tipo de actuaciones gubernamentales. «Hay que ver si estas intervenciones son compatibles con los mensajes de integración» que el Gobierno de España y otros socios europeos enarbolan periódicamente en los consejos europeos, pero que después se ven diluidos en decisiones como la que ayer tomaba el Consejo de Ministros.

El que fuera titular de Economía con el PP, que intervino este martes en los cursos de verano de la UIMP y APIE en Santander, ha señalado también que «tendrán que ser los inversores internacionales y posteriormente, quizá la Comisión Europea, los que analicen si efectivamente están justificados». También ha recordado que después de la actuación de las autoridades nacionales de competencia, la legislación española otorga al Ejecutivo la prerrogativa de, por cuestiones de interés general distintas a las cuestiones de solvencia o de competencia, establecer condiciones adicionales y/o de alguna forma modificar las fijadas por las autoridades de competencia. «Poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales», zanjó.