El Gobierno confirma que intervendrá en la opa de BBVA sobre el Sabadell el martes 24 de junio

El pasado 27 de mayo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, eligió elevar el caso al Consejo de Ministros para que sea este el que, como marca la ley, intervenga en la operación para modificar las condiciones fijadas previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Desde ese momento, el Ejecutivo tiene 30 días para decidir suavizar, mantener o endurecer las condiciones en una decisión que será dirigida tanto desde La Moncloa como desde el Ministerio de Economía, pero en la que participarán también otros ministerios interesados en opinar. El plazo, en teoría, termina el próximo 26 de junio pero el Gobierno utilizará el Consejo de Ministros del martes 24 para tomar la decisión. De esta manera, queda descartado que se apuren al máximo los plazos con un Consejo de Ministros extraordinario.

La intervención será uno de los puntos más controvertidos de toda la opa, más aún ahora después de que BBVA haya lanzado la advertencia de que puede llevar la decisión a los tribunales si le impone más condiciones. El banco vasco interpreta la ley de defensa de la competencia como que esta solo habilita al Gobierno a suavizar o mantener las condiciones de la CNMC, ya que ese sería el espíritu de la norma.

El Ejecutivo, en cambio, por sus pronunciamientos en contra de la operación da a entender que sí se ve habilitado para endurecer las condiciones. De esta forma, se prevé que pueda darse una batalla legal entre BBVA y el Gobierno a cuenta de esta intervención por las diferencias en la interpretación legal. El banco vasco ha dicho que podría llevarla a los tribunales aunque continuara adelante con la opa.

El ministro Cuerpo tendrá un papel fundamental en la intervención como responsable del tema por liderar Economía. En estas semanas ha dado algunas pistas sobre por dónde podrían ir sus argumentos en contra de la opa, pero sin concretar nada más allá.

El titular de Economía defendió hace pocas semanas que el concepto de «interés general» que pueden utilizar en su decisión no se analiza en los exámenes que ya han realizado la CNMC o el BCE, que se dedican a la competencia y la estabilidad financiera. Por ello considera fundamental que el Gobierno vele por su protección.

Es en ese concepto tan amplio en el que se mueve el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y el ministro ha dado alguna pincelada de por dónde podrían atacar. Ha destacado la protección de la inclusión financiera, con el mantenimiento de una red bancaria a nivel rural; también la protección del empleo; y ser capaces de proveer de crédito a las pymes, que es uno de los temas que han sido más polémicos en esta opa por la presión del propio Banco Sabadell.

El mundo rural y la cohesión territorial parece que tendrán una importancia relevante en la decisión. «Vamos a hacer una valoración muy aterrizada y en línea con la ley, siendo siempre proporcionales en las condiciones, si es que se imponen, para proteger los intereses generales», indicó, para añadir que tendrán en consideración «la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo». Banco Sabadell es una entidad entre mediana y grande en España con unas características particulares. Tiene mucha presencia en el negocio de pymes y cuenta con mucho arraigo y vinculación en ciertos territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Ese es un punto fuerte que Carlos Cuerpo cree que hay que proteger.

El ministro llegó a defender la necesidad de tener bancos grandes pero también «medianos y pequeños que estén más aterrizados en el territorio. Tenemos que mirar por ese interés general».

Una postura más agresiva mantienen los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo emitió un comunicado para defender que «esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo».

«Esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria», puso como líneas rojas Díaz.

Asimismo, otros ministerios como Transición Ecológica y Reto Demográfico, Seguridad Social, Industria y Consumo también se prevé que emitan informes con su posicionamiento sobre la opa. Estos mismos departamentos reclamaron a Cuerpo que elevara el caso al Consejo de Ministros.