Trabajo eleva la presión y marca proteger el empleo y las oficinas como líneas rojas en la opa de BBVA

La vicepresidenta segunda destaca que el «malestar» expresado por la sociedad catalana debe ser «escuchado y atendido». Es por ello que se pone de parte de los críticos contra la opa, que no son solo catalanes sino también valencianos, de patronales, asociaciones de consumidores, etc. «Esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo», destaca el ministerio en un comunicado.

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Sin embargo, llegar a impedir la opa es algo que técnicamente no es posible. Lo que puede hacer el Gobierno ahora es intervenir en la operación para modificar las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); puede suavizar, mantener o endurecer esas condiciones. Así, no puede prohibir directamente la operación pero lo que sí podría hacer es endurecer tanto las mismas que haga a BBVA desistir.

Yolanda Díaz marca ahora una serie de líneas rojas de cara a la deliberación que habrá en el Consejo de Ministros. De hecho, tal como ha dicho el propio ministro Cuerpo, el Ministerio de Trabajo también emitirá un informe sobre la opa que tendrá que ser tenido en cuenta.

Entre las condiciones figura la «garantía total del empleo», es decir, que fruto de la adquisición y posterior fusión no haya despidos: «El proceso de fusión supondría, según estimaciones, la pérdida de hasta 4.000 empleos y una reducción del 9,4% en plantilla».

También menciona la exigencia de que no se cierren oficinas. «El cierre de sucursales perjudicaría especialmente a zonas rurales y regiones con fuerte presencia del Sabadell como en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Asturias y en Galicia», sostiene el ministerio. Asimismo, apuntan como condición a que se obligue a BBVA a no reducir en ningún caso el acceso al crédito a pymes y autónomos, «que debe mantenerse en condiciones equivalentes a las actuales», así como que se prohíba «un empeoramiento de las condiciones del crédito y depósito, aumento de comisiones o peores servicios».

Por último, Yolanda Díaz señala la necesidad de que la opa no suponga «un incremento de los índices de concentración bancaria, y en todo caso no permitirse la fusión de las entidades en el proceso de adquisición», en referencia a que aumentaría el riesgo sistémico.

«En síntesis, esta operación solo puede autorizarse si cumple el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria. De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución», concluye Trabajo.