Las multas de 431.000 euros del Sepe lapidan los cursos para formar a los trabajadores

Estas trabas, concretamente, se centran en la segunda vía de formación para los trabajadores, la bonificada, distinta a la de los clásicos cursos ofrecidos por el Sepe después de haber sacado a concurso una serie de materias que cubrir formativamente. Es en la segunda vía –en la que las empresas contratan los cursos con empresas formadoras y posteriormente se lo bonifican en el pago de cotizaciones de los trabajadores– donde la Administración está lapidando su uso a golpe de inspecciones leoninas que terminan por ahuyentar los empleadores de contratar estos cursos, tal y como ya publicó ABC en exclusiva.

Sin embargo, esta misma práctica fiscalizadora por parte del Sepe a las empresas que tratan de bonificarse los cursos contratados se realiza por parte de la Inspección de Trabajo a las empresas que imparten los cursos. En este sentido, cabe aclarar dos aspectos relevantes: el Sepe actúa de acuerdo a la legalidad, si bien lo hace a partir de una interpretación severa de una orden ministerial que data de 2007 –replicada en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre– y que proviene de un marco de actuación (precios establecidos para las distintas formaciones y requisitos para las compañías formadoras) fijado en 2004.

De hecho, la Abogacía del Estado ya emitió un dictamen al respecto de estas medidas, asegurando que son «atípicas y sin regulación especial». Cabe recordar en este punto que el Sepe emite una media de 80.000 cartas a empresas por bonificarse estas facturas en las cuotas y que ya en un primer filtro solo 50.000 reciben una segunda comunicación reiterando en la falta y amenazando con la multa. Por lo que desde el sector se denuncia de partida un cierto arbitraje en este tipo de propuestas de sanción y un marcado cariz de interés recaudatorio.

Para las empresas formadoras, la orden ministerial en la que el Sepe apoya estas actuaciones viene a recoger también qué aspectos de la formación a impartir son facturables y cuáles no. «De facto, no se les permite obtener beneficios por impartir la formación», señala a ABC el presidente de Asociación, Formación y Empresa (AformaE), José Luis García Guglieri.

En este caso (ver imagen), el Sepe reclama a una empresa formadora más de 431.000 euros al considerar que se ha beneficiado de la impartición de los mismos, desglosando los costes imputables al servicio, y los que no.

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«La mayoría de los procesos que el Sepe abre a las compañías, y que después propician investigaciones mucho más serias de la Seguridad Social, terminan en nada», señala Glugieri lamentando que se demuestre la inocencia del empresario «después de haber tenido durante años la losa de una posible multa de más de 400.000 euros».

«Estamos hablando de un drama que persigue a cientos de familias y del que no se habla porque, bajo el yugo del Sepe y la Seguridad Social, los afectados no se atreven a denunciar públicamente», explica el presidente de AformaE.