La contratación en el campo se reduce un 38% tras año y medio de reforma laboral

Pero, al mismo tiempo, se observa cierta estabilidad en los niveles de afiliación el régimen especial. Concretamente, a cierre de julio había en nuestro país un total de 361.503 trabajadores. Aunque la cifra es un 18% mayor que hace una década -allá por 2013, justo después de la recaída de la economía española en el segundo arreón de la Gran Recesión-, el nivel es aún un 6% menor que los trabajadores en alta registrados en el séptimo mes del año hace un lustro.

En este punto, cabe analizar cuál es la circunstancia que está provocando esta doble tendencia de un cierto mantenimiento de los niveles de empleo y de caída en picado de las nuevas firmas de contratos en paralelo. Principalmente, son dos las circunstancias que empujan hacia esta dirección: por un lado el incremento de los contratos indefinidos en el sector agrario tras la reforma laboral, lo que hace que se destruyan menos tras las diferentes temporadas siendo a su vez menos necesario realizar nuevas firmas en la siguiente temporadas.

Pero también aplica en este caso, tal y como apuntan fuentes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) consultadas por ABC, una cierta reticencia de los empleadores a realizar nuevos contratos precisamente por las rigideces impuestas al temporal tradicional y la cuasi obligatoriedad de usar la fórmula del fijo discontinuo para cubrir las temporadas de recolección, principalmente.

Esa obligatoriedad, recuerdan desde Asaja, una de las principales patronales del sector agrario en España, viene dada tras no reconocerse las temporadas en el campo como susceptibles de enmarcarse en los requisitos y condiciones del contrato temporal, que con la lectura estricta de la ley las campañas de recolección no son ocasionales, sino «cíclicas y recurrentes», por lo que no se puede hacer uso de la contratación por circunstancias de producción.

Tal y como explicaba Ana Matorras, profesora de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Comillas, en una charla para analizar el impacto de la normativa laboral «con la reforma el contrato fijo discontinuo se generaliza» sin dejar espacio para la contratación eventual en las campañas agrícolas. Y ante este corsé normativo, asegura que «no compensa arriesgar» y usar otro tipo de contratos «porque las sanciones son altas». Concretamente, las sanciones por incumplimientos de la ley van de los 1.000 a los 10.000 euros.

Además, aseguran desde Asaja que los últimos eventos climatológicos refuerzan las posturas planteadas por la patronal sobre la inconveniencia de tratar las temporadas en el campo desde el prisma de la regularidad. «Cuando los empresarios acuden al SEPE en busca de trabajadores se les pide el número concreto y el plazo concreto en que van a estar dados de alta», explican desde la patronal recordando que si, por ejemplo, un evento climatológico podría acabar con la mitad de la cosecha a pocos días de la recogida imposibilitando la planificación, o esta misma se podría ver afectada por una sequía que cambie las necesidad para una misma cosecha de un año para otro.

Por ello, reclaman la posibilidad de flexibilizar la figura del contrato temporal ordinario que sí permita un refuerzo de las plantillas más adecuado. «Es muy difícil programas las necesidades concretas de personal y los plazos exactos cuando se trabaja condicionados por las situaciones climatológicas y las eventualidades del medio», señalan las fuentes consultadas por este medio.

Con todo, a no ser que se lleve a cabo una flexibilización de la contratación temporal en el campo, el fijo o fijo discontinuo es la figura que se prevé más ajustada a reglamento para este tipo de trabajadores. De hecho, el mismo registro de Seguridad Social del régimen especial agrario detecta a día de hoy a un total de 288.991 trabajadores de alta, pero no activos. Estos serían los correspondientes a contratos fijos discontinuos desactivados.

En lo que va de año, la agricultura ha generado 1.002.867 contratos, de los cuales el 52% corresponden a indefinidos (521.609) y el 48% restante, de duración determinada (481.258). Y aunque el volumen de este año es un 26,9% inferior al de los siete primeros meses de 2022, aunque los contratos indefinidos crecen este año un 36,2%. «La reducción del número total de contratos no supone una destrucción de empleo, sino que es debida a la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa», apuntan los expertos de Randstad.