La investigación sobre Invercaria ha derivado en Juana Martín, y ésta, a su vez, en una tercera de Surgenia. El largo atestado recibido por el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla —dos tomos, varios cientos de folios—reseñan que la fundación Centro Tecnológico del Diseño, conocida como Surgenia y con sede en Córdoba, está siendo indagada por los mismos agentes. Las conclusiones se remitirán a la autoridad judicial en un informe aparte ante la existencia de una operación extraña entre la diseñadora y la entidad de la Junta que suma unos 185.000 euros en total.

Según el relato de hechos que hace el Grupo contra el Blanqueo de Capitales, Surgenia recibió dos encargos por parte de Juana Martín Andalucía SL cuya responsable última —la propia diseñadora– era, a su vez, vicepresidenta tercera de la fundación. Eran dos estudios sobre posicionamiento de marca en el mercado internacional y sobre distintas materias relacionadas con la venta de las prendas de la modista cordobesa.

Según la respuesta de Surgenia, recabada por los agentes por escrito (no consta la declaración como imputado de nadie), se extendieron siete facturas tal y como se fueron realizando los trabajos. De todas las cantidades pendientes de pago, constan como abonadas en los archivos de Surgenia sólo la mitad de un contrato de 10.000 euros. Martín no quedó conforme con el trabajo por lo que el resto de las cantidades generó un impago.

Surgenia responde a la Policía que ante la situación creada se tomó la decisión de emitir otras siete facturas nuevas como si se hubiera producido un abono que, en realidad, nunca se ingresó. De cara a las contabilidades, ambas partes quedaban en paz. La realidad es que Surgencia, que es una entidad semipública, realizó unas facturas que no se corresponden con la realidad o, lo que es lo mismo, que son falsas. En principio, el mismo juzgado de instrucción que lleva el caso será el encargado de determinar si el intercambio de documentos sin servicios reales se corresponde con un presunto delito y si, por ende, corresponde una investigación en el ámbito penal.

Compras y créditos

Los dos tomos de atestado están plagados de observaciones de la Policía Nacional sobre situaciones extrañas sobre la gestión de la empresa creada solo con dinero de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, Invercaria asegura en un comunicado emitido ayer que se tomó la decisión de invertir en Juana Martín porque había que apoyar el sector de la moda andaluza. La realidad es que el plan de negocio, que se realizó desde Invercaria porque Martín no tenía personal cualificado, constaba de la creación de talleres en Marruecos por medio de una intermediaria que aseguraba estar pagando de su bolsillo los costes de implantación.

En segundo lugar, la asistencia financiera prestada va más allá de los 850.000 euros en créditos participados que se entregaron. La entidad medió ante Cajasol para la concesión de una hipoteca de 700.000 euros para la adquisición de una casa en el Casco Histórico y un automóvil cuando los agentes afirman que la sociedad se encontraba casi en causa de disolución.

Invercaria afirmó ayer que todos los embargos se encuentran correctamente realizados de cara a garantizar la devolución de los préstamos. Juana Martín Andalucía, la sociedad creada con la Junta, es a día de hoy una empresa insolvente y sin actividad. Y, efectivamente, Invercaria aparece con una anotación preventiva de embargo sobre la casa adquirida en el Casco Histórico. La Policía reduce sustancialmente la euforia de ese planteamiento.

Consta que una sociedad de Juana Martín —Juana Martín Diseño SL— tiene una anotación de embargo preferente sobre esa misma vivienda ordenada por un juzgado de primera instancia. Antes de que Invercaria trabara su caución, la diseñadora cordobesa realizó un reconocimiento de deuda desde la sociedad donde la Junta era accionista sobre una empresa de su exclusiva propiedad. Los agentes creen que, en caso de que hubiese concurso de acreedores, ello le garantizaba derechos de cobro antes que la empresa de la Junta viese un euro.

El atestado muestra que Invercaria relajó en buena medida sus propios sistemas de control interno. Los directivos imputados que participaron en la operación entregaron cantidades sin ni siquiera notificarlo o que constara en los consejos. Tampoco garantizaron que Juana Martín pusiera su parte. Para la creación de la empresa, a instancia de dos exconsejeros de la Junta (Francisco Vallejo y Rosa Torres, de Innovación y Cultura), la modista cordobesa aseguró que no iba a desembolsar dinero en efectivo. Se convino que entregaba la propiedad de su marca. Los agentes aseguran que eso nunca se ha producido de una manera formal, contractual, y que los derechos del nombre de la diseñadora de ropa flamenca y «pret a porter» siguen estando bajo la responsabilidad jurídica de una sociedad en la que la modista tiene la totalidad del control y la propiedad.