Política lingüística en España

La política lingüística de la dictadura, muy similar a la imperante en la Francia de aquellos momentos y sobre todo en los actuales, acompaña a la Nación francesa desde su creación como elemento fundamental de la misma y de sus principios nacionales y republicanos, donde el Estado no impone el uso del francés en publicaciones hechas por particulares, pero obliga a utilizar la lengua nacional en comunicaciones comerciales o laborales y desde luego sin discusión en las escuelas del sistema de educación, principios renovados por la Ley Toubon de 1994.

Esa política lingüística es calificada por el nacionalismo separatista de España de opresión, lengüicidio, asimilación y otras graves acusaciones. Y para ello vienen manipulando las instituciones europeas e internacionales de defensa de los derechos humanos, que como el 4º Informe del Consejo de Europa sobre cumplimiento en España de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias de 2010-2013,no dice ni una palabra sobre la situación de los hispano hablantes, que en España están siendo expulsados por razones lingüísticas de la educación en su lengua materna y de la sociedad que se pretende crear en regiones donde el nacionalismo separatista tiene fuerza para hacerlo, a pesar de que los tribunales les dan la razón en sus sentencias.

Evidentemente todo ello impulsado y favorecido por la izquierda española no nacionalista y tolerado y consentido por todos los gobiernos de derecha o izquierda de la Nación. Existen 17 políticas lingüísticas regionales con sus consejerías, secretarias etc, pero no existe ninguna política lingüística española nacional ni por supuesto aunque solo fuese una dirección general ministerial. Eso se llama abandonar y rehuir la responsabilidad de hacer políticas de cohesión nacional por el gobierno nacional.

Son tiempos de reforzar la unidad y la cohesión de Europa, es momento de recurrir y denunciar ante los organismos de justicia europeos y de defensa de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la violación de dichos derechos en España y el derecho de resistencia y auto defensa de los ciudadanos afectados.

Ángel Hernández Guardia es presidente del Movimiento Cívico 12-O.