La vida da muchas vueltas, especialmente si se es un destacado dirigente en los cuadros del nacionalismo gallego, cuyas aguas bajan casi siempre turbulentas. En 1989, Lidia Senra fue impulsada hacia la secretaría general del Sindicato Labrego Galego (SLG), que ocuparía durante 18 años, por el comité central de la Unión do Povo Galego (UPG), el partido marxista-leninista que, aún hoy, es hegemónico en el BNG.

Con el paso del tiempo, Senra se fue alejando progresivamente de la UPG, en un proceso homólogo al que experimentó quien ahora la ha situado en el puesto 5 de la lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, Xosé Manuel Beiras. Así las cosas llegó el VII Congreso del SLG, en noviembre de 2007. El bipartito todavía controlaba la Xunta y faltaban cuatro años y medio para que el BNG saltase en pedazos. Tras su largo mandato al frente del sindicato, Senra decidió pasar a un segundo plano y dejar a su entonces fiel colaboradora Carme Freire ser su cara visible. Un grupo de sindicalistas se presentó contra ella, convencidos de que el sindicato debía ser menos combativo con la actuación de la consellería de Medio Rural de Alfredo Suárez Canal, histórico militante de la UPG.

La lista continuista con la gestión de Senra ganó con el apoyo de casi tres cuartas partes de los afiliados. Pero la que, según las encuestas, será a partir de mayo representante de Galicia en el Parlamento Europeo, no tolera ninguna discrepancia dentro de sus filas. Como secretaria de Organización y Finanzas, tenía un poder omnímodo sobre el aparato del SLG y estaba dispuesta a eliminar a todos sus críticos.

Uno de éstos era Óscar Avelino Iglesias, trabajador, sobre el papel, de una empresa llamada Asociación de Xestión e Explotación (AXE) Serra de Meira, pero que en la práctica trabajaba para el SLG, pues se encargaba de la gestión de su sede en el municipio lucense de Meira, realizaba labores de gestoría a sus afiliados y difundía también publicidad del sindicato.

El 3 de enero de 2008, un par de meses después del congreso donde había mostrado su oposición a Senra, Iglesias le dirigió una carta a su secretaria de Organización. «El pasado día 20 de diciembre, a eso de las 9.40 horas, recibí una llamada tuya que me sorprendió: utilizaste un tono ofensivo que me molestó», relataba el trabajador. En esa llamada, Senra le había dicho, con total clarida: «Te estoy controlando».

Este perito agrónomo denunciaba que, pocos días después de la llamada de la ahora candidata de Anova, contactó con él el responsable local del SLG, Antonio Vilarino, para recriminarle que no había atendido el local el día de fin de año. Días antes le había dicho que podía reincorporarse el 2 de enero. Todo esto le puso a Iglesias la mosca tras la oreja.

«Que yo haya mostrado, con el máximo respeto, discrepancias por algunas actitudes y errores de la dirección con los trabajadores, no significa para nada que haya cambiado mi entrega al sindicato y a mis responsabilidades laborales», aseguraba.

Peticiones de regularización

El trabajador acababa recordando que «de acuerdo con la ley y con lo acordado en la Comisión ejecutiva», el SLG debía actualizar su contrato laboral «convirtiéndolo en indefinido».

La secretaria de Organización y Finanzas, Lidia Senra, no consideró conveniente regularizarlo, prefirió que siguiese trabajando para el sindicato de forma encubierta, como único empleado de la AXE Serra de Meira. «El SLG se dedicó a crear muchas de estas AXE títeres la década pasada para contratar peritos agrónomos, pues así tenían más posibilidades de captar subvenciones», explica una persona que estuvo próxima al sindicato.

Óscar Avelino Iglesias acabó, semanas después, denunciando su situación irregular ante la Inspección de Trabajo. Ésta emitió, el 30 de julio de 2008, un informe demoledor contra las prácticas del sindicato que controlaba la actual número 5 en las listas al Parlamento Europeo de la bautizada como Izquierda Plural.

«Se refleja claramente que la AXE carece de una estructura organizativa propia, no dispone de medios materiales, no actúa como empresario respecto de sus trabajadores, ni siquiera elabora sus contratos. [...] Se limita a contratar a trabajadores para cederlos ilegalmente al sindicato, que es el verdadero empresario», certifica la inspectora de Trabajo. Esta infracción, según apunta el informe, está tipificada como «muy grave», por lo que le pone al SLG una multa de 6.251 euros.

Cesión ilegal de empleados

Su afán de trabajar de forma legal, unido a sus discrepancias con la línea oficial del sindicato, hizo que Iglesias entrase de lleno en la lista negra de Lidia Senra. Este perito acabó siendo uno de las 21 personas purgadas por el SLG, que acabó rescindiendo el 8 de septiembre de ese mismo año su acuerdo con la AXE Serra de Meira, de la que era el único empleado. A pesar de las continuas peticiones de Iglesias para que regularizasen su situación, el SLG aseguró en un escrito que a este trabajador «se le hizo expreso ofrecimiento de pasar a trabajar en el sindicato, comunicándoselo fehacientemente y sin obtener respuesta por parte de él».

Este despido —igual que, al menos, otros cuatro más— fue declarado ilegal al poco tiempo. El 5 de marzo de 2009, el Juzgado de lo Social número dos de Lugo sentencia que «el verdadero empleador» de Óscar Avelino Iglesias es el sindicato y que Serra de Meira es «un mero testaferro al que se hace figurar formalmente como empresario», declara el despido nulo y condena al SLG «a la inmediata readmisión del trabajador en las mismas condiciones que se regían antes de producirse el despido», así como a pagarle el sueldo que le correspondía desde la fecha de su despido ilegal.

«La empleadora no ofrece razón o justificación alguna acerca de la decisión adoptada [de no regularizar a Iglesias] limitándose a negar la existencia de relación laboral», aunque sin ofrecer ninguna prueba que contradijese «lo afirmado por la Inspección de Trabajo», según certificó la juez Aurelia Bello Fernández en su sentencia.

El sindicato agrícola que conducía en la sombra Lidia Senra jamás recurrió esta sentencia, que certificaba que las prácticas de contratación y las purgas de la posible futura eurodiputada fueron totalmente ilegales. Dentro del SLG nadie contradecía los designios de Senra, pero fuera de él sí: la Ley.