El nuevo contexto energético en España, marcado por la supresión de las primas a las energías renovables, ha incentivado a la Xunta a elaborar una batería de medidas encaminadas a impulsar uno de los sectores «estratégicos» de Galicia: el eólico. En este escenario, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se ha propuesto seguir apostando por las energías renovables, teniendo en cuenta que el 66% de la energía que consume la Comunidad es de este tipo.

De ahí que el Consello haya aprobado este jueves varias iniciativas encaminadas a suprimir las «cargas financieras» que todo promotor se encuentra a la hora de construir un parque, así como a «impulsar y agilizar» las repotenciaciones de los parques ya existentes y las modificaciones de los que están en proyecto. En este último caso, la tramitación será «inmediata», ha indicado el conselleiro de Economía e Industria.

Francisco Conde ha desgranado, en rueda de prensa junto al presidente autonómico, el alcance de estas medidas. Además de lo referente a la repotenciación, se «abaratarán los costes» de los parques que se quieran instalar en la Comunidad, trasladando para ello la constitución del aval a su puesta en funcionamiento, y no en el momento de su concesión, tal y como se requería hasta ahora.

Con esta modificación del plazo, la Xunta estima un ahorro por parque -en la actualidad hay 21- de 24.000 euros anuales. También se facilitará a los promotores la devolución de los avales siempre y cuando no se haya iniciado la construcción. Todas estas medidas, que se unen a algunas ya existentes -como la facilidad de renuncia al desarrollo de un parque- caminan en una misma dirección, que pasa por «preparar al sector para que Galicia recupere el liderato eólico cuando se retome el crecimiento», ha concluido Conde.

Ley de garantías sanitarias

El eólico y la sanidad han copado buena parte de la reunión del Gobierno gallego, que también ha dado el visto bueno a tres decretos para desarrollar la ley de garantías sanitarias, aprobada el pasado diciembre en el Parlamento. Se trata, en concreto, de detallar en plazos el derecho a la libre elección de médico, pediatra o servicio de enfermería, el derecho a un nuevo centro hospitalario y a una segunda opinión médica. A ellos se une un decreto para «mejorar» el derecho de manifestación de los pacientes.

Quedaría, no obstante, pendiente de ejecutar un cuarto decreto para determinar los plazos de esperas máximas, si bien Feijóo ha señalado que la normativa se desarrollará en su plenitud durante los seis meses siguientes a su puesta en vigor, en marzo.